Juicios acorralan a dirigentes de clubes y de instituciones sin fines de lucro

A las penurias que deben pasar para pagar los servicios, mantener asociados y seguir adelante en un contexto de crisis económica, a los voluntarios que participan en clubes y entidades de bien público se le suma la preocupación de tener que asumir con sus bienes personales cualquier juicio que pudiera surgir vinculado a las instituciones. “Si esto no se revé es el final del voluntariado”, sostuvo con preocupación Dora Rodríguez, contadora del dormicentro de 6 entre 60 y 61 que aloja gratuitamente a familias del interior con hijos internados en el Hospital De Niños.

La contadora destacó que la legislación no contempló el servicio social que ofrecen las entidades sin fines de lucro. “Nos equiparan con quien tiene una PyME y nosotros lo que hacemos es cubrir algo que el Estado no cubre como es darle un techo a las familias que vienen del interior y no tienen dónde vivir mientras sus hijos están internados”, sostuvo.

Es que desde 2015 con la entrada en vigencia del Código Civil, ante hechos que merezcan sanciones judiciales y de los que se halle responsables a los clubes y entidades de bien público - por acción u omisión -, no sólo se podrá accionar contra el patrimonio de la institución sino el de sus miembros de comisión directiva.

Por eso se realizaron numerosas reuniones en diferentes entidades para evitar la avalancha de renuncias.

Es que entre las actividades que se desarrollan en las entidades no se descarta que, por ejemplo, aquel que ofreció dar clases para colaborar se considere despedido e inicie un juicio laboral.

Las posibles sentencias desfavorables, embargos y ejecuciones por cuentas impagas, juicios laborales o personales, y mora en el pago de servicios, son algunas de las cosas de las que tendrían que hacerse cargo los miembros de las comisiones directivas.

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Juristas y analistas del orden normativo coincidieron en que se trata de un tema que puede resultar polémico.

El punto potencialmente problemático del nuevo Código es el que hace al alcance de la responsabilidad de los administradores en las personas jurídicas en general y a las asociaciones civiles en particular. El ítem incluye una norma que habla expresamente del deber de lealtad y diligencia que deben tener los administradores, y que implica que tengan que responder en forma ilimitada y solidaria por cualquier daño causado en el ejercicio de sus funciones sea por acción u omisión.

Alberto Alba, presidente de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata y de la Casa del Tango, señaló que las instituciones cuentan con seguros y deben tener el personal en blanco, pero si por alguna razón eso no es así los dirigentes tienen que responder con sus bienes en caso de juicios.

“Ser dirigente es un desafío porque no se cuenta con apoyo del Estado y se corren riesgos de toda naturaleza; no se toma en cuenta la importancia de que las entidades estén abiertas, el ambiente sano, solidario y que en suma se forma gente para el futuro”, señaló Alba al reconocer que con el nuevo Código los dirigentes responden con su patrimonio ante cualquier problema.

Alba aclaró que los colaboradores que integran comisiones o subcomisiones no pueden recibir remuneración ni hacer juicios.

“Sobrevivimos gracias al esfuerzo de los socios y de los dirigentes; pero es muy difícil con problemas como ese o con el aumento de las tarifas que fue del 1.300 por ciento”, concluyó Alba.

“Si ante un juicio tenemos que responder con nuestros bienes, será la muerte del voluntariado”

Dora Rodríguez, Voluntarias Platenses

“Es un desafío ser dirigente con el nuevo Código respondemos con nuestro patrimonio”

Alberto Alba, Federación de Instituciones