

dentro de un mes la usurpación de el retiro cumplirá un año. mientras la ocupación se consolida, vecinos de la zona reclaman un desalojo / d. ripoll
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Vecinos se quejan contra la ocupación porque sufren dos o tres apagones por semana. Un juez ordenó el desalojo pero la Cámara lo suspendió y solicitó profundizar la investigación
dentro de un mes la usurpación de el retiro cumplirá un año. mientras la ocupación se consolida, vecinos de la zona reclaman un desalojo / d. ripoll
La usurpación en el barrio El Retiro está a punto de cumplir un año. Arrancó de 46 a 52 y de 155 a 158. En el medio, desalojaron el tramo de 46 a 49, porque se comprobó que era propiedad de particulares. El resto, en terrenos fiscales, sigue como se inició en agosto pasado. El impacto de los terrenos ocupados se siente en dos servicios básicos. Los vecinos que pagan la luz, tienen entre 2 y 3 apagones por semana, y el agua merma al punto que no alcanza a llenar los tanques, con lo cual las penurias se suman día tras día.
“Nos sentimos rehenes en nuestras propias casas”, dicen los vecinos y repiten ahora lo que dijeron hace casi 12 meses. En el sudoeste platense la angustia y la incertidumbre no permiten descansar a quienes cumplen con todas las obligaciones impositivas y de los servicios públicos, sin recibir algún beneficio a cambio.
La custodia policial duró un suspiro en las inmediaciones del predio tomado. Hace pocas semanas dejaron de escucharse las detonaciones que se habían transformado en un ruido casi “familiar” para los habitantes de esa zona de la Ciudad.
Los vecinos que piden la erradicación de la usurpación no se animan a dar su nombre, por una simple razón: temen por su integridad física.
Pero cuando se cruzan en alguna esquina de la zona, no paran de referirse al tema. El hartazgo con gusto a resignación no puede superarse, y es un trago amargo que no quieren terminar de digerir.
Una vez que se comprobó la propiedad de los terrenos de 46 a 49 y de 155 a 158 se realizó un desalojo en ese sector. En el resto del espacio no hubo intentos para sacar a quienes se apropiaron de esas tierras, a fuerza de prepotencia, algunos disparos al aire y avasallar a todo un barrio que hasta entonces tenía cierta paz.
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“Acá antes había un depósito de autos siniestrados. Lo sacaron, liberaron el terreno y los tomó gente que no deja en paz a la zona. La mayoría de las veces nos despertamos pensando que ya no van a estar, que van a regresar la normalidad del servicio de luz, y que se podrá tener agua para hacer las tareas básicas. Pero no. Estamos en una rutina amarga que baja la calidad de nuestras vidas”, dijo uno de los vecinos que se animó a hablar sobre este tema, superado por la angustia y la bronca que tiene por semejante cuadro de situación.
De acuerdo con los relatos que se recogen en un barrio en el que pocos se atreven a dar la cara por miedo a represalias, la ocupación empezó con un grupo de jóvenes que desembarcó paulatinamente en las tierras que estaban destinados a la construcción de un complejo de viviendas, proyecto que quedó trunco.
El freno al desalojo no es definitivo, sino que la Cámara ordenó profundizar la investigación
La custodia policial duró un suspiro en las inmediaciones del predio tomado en El Retiro
“Se hicieron las denuncias, pero todo sigue igual. El asentamiento nadie lo quiere en el barrio, pero estamos desamparados porque ninguna autoridad nos contiene, nos asesora o avanza para sacarlo del lugar. Hay chicos y con eso juegan una carta fuerte para quedarse”, contó otro frentista.
En el corazón del barrio las calles son de tierra, barro, piedras, pero se abrieron camino entre autos abandonados, pastizales y malezas. Incluso, ya se observan antenas de televisión satelital en el horizonte del extenso predio del oeste.
Los ocupantes avanzaron en los primeros días con un “loteo” fulminante, desmalezando a fuerza de quema y machete mientras llegan mujeres y niños a instalarse. Pero los vecinos denuncian que la violencia fue el denominador común de los primeros días, con peleas y corridas son interminables. Creemos que se enfrentan por las tierras. Lamentablemente hay locales de la zona que les venden alcohol, lo que agrava el panorama”, relató una vecina que prefirió reservar su nombre.
La Comuna se presentó ante la Justicia para se desaloje el predio y se restituyan las tierras. Funcionarios del área de Seguridad y Justicia presentaron una denuncia, que se tramita en la Fiscalía Nº 8.
Según fuentes comunales la Cámara de Apelaciones rechazó la medida cautelar de desalojo que había solicitado el Municipio. “En primera instancia el Juez de Garantías hizo lugar, no obstante la Cámara suspendió el desalojo”, explicaron.
“Lo que rechazó fue una medida anticipada que se había pedido. No el desalojo de manera definitiva, sino que solicitó que se profundice la investigación”, agregaron.
El Secretario de Seguridad y Justicia de la Comuna, Darío Ganduglia, dijo que “ahora debe continuar la investigación. Esperamos que la Justicia avance ya que estamos frente a una usurpación con el agravante del destino social - afectación de las tierras al Plan Federal de Viviendas”.
En la “triple frontera” entre Olmos, Los Hornos y San Carlos, los terrenos en disputa tienen una larga y compleja historia de cesiones interjurisdiccionales, destinos truncos y promesas incumplidas.
En las últimas dos décadas, además de acumular centenares de esqueletos de autos interdictos por la Justicia, chatarra y roedores, el predio pasó por muchas manos. Originalmente perteneciente al Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense -que tiene varias hectáreas en la zona-, en 1999 se celebró un convenio que autorizó a la Comuna a usarlo como depósito de materiales y máquinas.
Diez años después, el municipio aceptó “las tierras donadas por la Provincia de Buenos Aires, entre las calles 46 a 52 y de 155 a 156”, para afectarlas “al Programa Federal de Viviendas”.
A mediados de 2015, el entonces intendente Pablo Bruera anunció la creación en el lugar del “Parque del Oeste”, luego de retirar miles de carrocerías abandonadas. Pero después suscribió un convenio con la seccional platense de la UOCRA -posteriormente refrendado en el Concejo por la ordenanza 11.302- por el que cedió al Instituto de la Vivienda bonaerense una fracción en el mismo lugar, con condición de que se destinara a 132 viviendas para afiliados a ese sindicato.
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