La ONU confirmó ejecuciones extrajudiciales en Venezuela

GINEBRA, Suiza

Cerca de 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales se produjeron en Venezuela en el último año y medio según un informe publicado ayer por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, que hace poco visitó ese país.

La gran mayoría de esas muertes fueron cometidas por las fuerzas de seguridad, lo que constituye una proporción “sorprendentemente elevada”, alertó Bachelet.

“Son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la ACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles”, replicó el gobierno venezolano.

En su informe tras la visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet resalta igualmente que “los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como ‘colectivos’ han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”.

La alta responsable de la ONU pide en sus conclusiones la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES), a las que achaca en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, durante operaciones policiales en 2018.

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“Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores” resalta Bachelet. Esas cifras fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el propio gobierno venezolano. Además hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, dice la Alta Comisionada.

Venezuela atraviesa una profunda crisis política, con la pulseada entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor y autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, reconocido por unos 50 países.

El país vive además una compleja crisis económica, agravada por un embargo petrolero y sanciones financieras impuestas por EE UU para intentar sacar del poder a Maduro.

“El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas”, explica el texto.

“El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela”, replicó el gobierno de Maduro en sus 70 comentarios.

“El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas “por motivos políticos”. Esta recomendación resulta inaplicable y por tanto equivocada, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición”, añade. La situación es “compleja”, admite Bachelet, que pudo entrevistarse con los principales protagonistas de la crisis y con damnificados.

Además de la disolución de las FAES y de los “colectivos”, Bachelet recomienda la creación de “un mecanismo nacional imparcial e independiente” para analizar las ejecuciones extrajudiciales, y le pide al gobierno que publique regularmente datos exhaustivos sobre la salud, el acceso al agua y alimentos, entre otros, de la población venezolana.

El texto describe la forma de operar de las FAES a partir de testimonios recogidos por la ONU en Venezuela. Según una veintena de esos testimonios, esas fuerzas especiales allanan domicilios, separan a jóvenes de sus familias y los ejecutan a sangre fría. “Al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”, dice el texto.

El informe recuerda que la Alta Comisionada ha pedido la creación de una oficina permanente en el país caribeño.

“Exhorto a todas las personas con poder e influencia -tanto en Venezuela como en el resto del mundo- a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo”, concluye Bachelet.

La tensión por la situación de los derechos humanos en Venezuela aumentó esta semana, tras confirmarse que el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo murió el viernes pasado a raíz de las torturas recibidas en la dependencia estatal en la que estuvo detenido una semana, acusado de rebelarse contra Maduro.

Asimismo, el lunes último, el adolescente Rufo Chacón (16), perdió los ojos tras recibir 52 perdigones de goma al ser baleado a quemarropa durante la represión de una protesta callejera en el estado andino Táchira. (AFP, EFE y AP)