Puerto Rico, ante la encrucijada

SAN JUAN, puerto rico

Los abogados entregaron antes del plazo de hoy al mediodía sus argumentos en lo que muchos consideran la decisión más importante en los 119 años de historia del Tribunal Supremo de Puerto Rico: ¿Quién será el próximo gobernador de la isla?

Luego de un movimiento de protesta que condujo a la renuncia del anterior, los 3,2 millones de habitantes de la isla aguardan la resolución al estancamiento constitucional entre el Senado puertorriqueño y Pedro Pierluisi, el experimentado político que prestó juramento el viernes.

Los nueve miembros del Tribunal Supremo estaban de receso veraniego cuando decidieron aceptar la demanda entablada el domingo por el Senado, en la que se exige un recurso judicial urgente que ordene que Pierluisi deje de ejercer de manera inmediata el cargo de gobernador.

Si el tribunal falla a favor del Senado, la gobernación pasaría a manos de la secretaria de justicia Wanda Vázquez, aunque ella ha dicho que no quiere el puesto.

Pierluisi fue nombrado secretario de Estado durante el receso de la Legislatura la semana pasada, y sólo la Cámara de Representantes aprobó su nombramiento. La demanda también le pide al Tribunal Supremo declarar inconstitucional una ley de 2005 según la cual el secretario de Estado no necesita la aprobación de las dos cámaras si surge la necesidad de que asuma la gubernatura. La Constitución, señala la demanda, estipula que el secretario de Estado debe contar con el visto bueno de ambas instancias.

No queda claro si el Tribunal Supremo convocará a una audiencia para debatir el caso o si simplemente emitirá una opinión por escrito. No hay un plazo para la decisión, aunque varios expertos calculan que se dará en cuestión de días.

Cualquiera que sea la decisión, será final y no habrá apelación; se requiere de una mayoría de cinco de los nueve jueces para declarar inconstitucional una ley. Seis de los nueve jueces fueron nombrados por gobernadores del partido de Pierluisi, el Partido Nuevo Progresista, y los otros tres por mandatarios del opositor Partido Democrático Popular. El senador que dirige la demanda contra Pierluisi es miembro del PNP.

En un pliego de 14 páginas, abogados de Pierluisi acusan al Senado de contribuir a la inestabilidad política de la isla y afirman que esa instancia tuvo la oportunidad de votar en torno a la nominación de Pierluisi y decidió no hacerlo.

Los críticos dicen que la gubernatura de Pierliusi representa un conflicto de interés. y una respetada asociación de abogados lo acusa “secuestrar” la Constitución.