Soeme: el juez Kreplak rechazó el intento de querer apartarlo de la intervención

El juez federal Ernesto Kreplak rechazó hoy un pedido efectuado por Analía Viganó, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 31, quien le había pedido que se inhiba de resolver o adoptar medidas sobre cuestiones institucionales del Soeme, y elevó el conflicto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación "a fin de que establezca el mejor criterio para el caso".

El Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme) estuvo comandado por el sindicalista Marcelo Balcedo hasta enero de 2018, cuando fue detenido en Piriápolis, Uruguay, acusado de lavado de activos, contrabando y tráfico de armas, junto a su pareja, Paola Fiege.

El gremio estuvo intervenido judicialmente un año y medio, hasta que el mes pasado unos 4.000 trabajadores afiliados de todo el país eligieron a Adrián Di Marco como nuevo secretario general para los próximos cuatro años.

En el fallo, el magistrado destacó que la justicia laboral lo declaró competente para llevar adelante la intervención, y recordó que Viganó intentó suspender las elecciones del gremio, que finalmente se realizaron el pasado 5 de agosto.

Kreplak también mencionó que la Unidad de Información Financiera (UIF) -querellante en la causa- "manifestó que en la causa no sólo se investigan delitos de lavado de activos y de asociación ilícita, sino también defraudación ón de parte de las autoridades sobre el Soeme".

En el fallo, el juez dijo que la UIF consideró que ello amerita el control que él debe realizar "sobre el funcionamiento del mismo y la preservación de la prueba a los efectos de dilucidar estas maniobras".

"El sindicato intervenido resultó al mismo tiempo víctima y vehículo de varias de las maniobras, respecto de lo cual ni la asociación sindical, ni la autoridad de aplicación promovieron investigación judicial alguna. Sin embargo, es deber de la Nación Argentina la investigación y sanción de este tipo de delitos", planteó en el fallo.

El juez investiga si entre 2012 y 2018 la presunta asociación ilícita obtenía fondos mediante la administración infiel en perjuicio del Soeme, la posible afiliación compulsiva de personas al sindicato, la posible usura en los préstamos que desde esa entidad se otorgaba a los afiliados, posibles maniobras vinculadas con el narcotráfico y posible extorsión de personas.

"Lejos de considerarlo un conflicto intrasindical, se trata de una decisión necesaria en el marco de una investigación sobre criminalidad transnacional organizada", explicaron fuentes judiciales a esta agencia.

"Se trata de cuestiones notablemente más severas que conflictos inherentes a la vida sindical. Investigamos un sindicato que habría sido víctima de vaciamiento por parte de un grupo de personas –entre las que se encontraba su secretario general-, y al mismo tiempo vehículo para dar apariencia de licitud a una porción de los fondos que se obtenían de modo ilícito", dijeron.