Reclamo empresarial a la Provincia por pagos atrasados de la obra pública

La situación de la obra pública tanto en la Región como en la Provincia es muy delicada, según afirman los empresarios del sector y confirman los funcionarios. Obradores parados, deudas millonarias, empresas sin trabajo y con problemas para pagar los sueldos y, hacia adelante, muy pocas definiciones respecto al plan que encararía el gobierno de Axel Kicillof para este año, denuncian.

En este panorama se encuentran desde pequeños arreglos viales hasta obras hidráulicas y otras más visibles en estos días como son los corredores que van a la Costa Atlántica, las rutas 11, 56 y 74, por nombrar las más importantes. La obra de la doble vía entre General Conesa y Mar de Ajó quedó paralizada, al igual que la que vincula Conesa con General Madariaga, una ruta que termina conectando con Pinamar y Villa Gesell, entre otros balnearios.

Lo cierto es que las empresas pymes constructoras que mantienen contratos de obras públicas licitadas por las distintas reparticiones del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, se encuentran transitando una situación “limite y sumamente preocupante”.

Así lo afirman desde la Asociación de Pymes Constructoras (Apymeco) al sostener que hay al menos unas cuarenta obras que se encuentran contratadas por empresas de nuestra región con Vialidad y las Direcciones provinciales de Arquitectura; Hidráulica y DiPAC, que se encuentran “en un grado de imprevisibilidad generada por la administración anterior en donde se rompió la ecuación económico-financiera como consecuencia de la falta de pago de los certificados de obra desde septiembre de 2019”.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Agustín Simone, sostuvo que la gestión de María Eugenia Vidal dejó “redeterminaciones de precios pendientes -alrededor de unas 700- y una deuda por más de 2.500 millones de pesos, principalmente entre Vialidad, viviendas y el propio ministerio”.

En un reciente encuentro entre el gobernador Axel Kicillof, el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y Simone, se analizó la posible reactivación de trabajos vinculados con la problemática hidráulica y a continuar una serie de obras en redes troncales, como las de las rutas 11 y 56 que conducen a los destinos turísticos de la Costa Atlántica.

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De esa reunión salió un diagnóstico: en el territorio bonaerense hay obras paradas desde 2018 por montos de entre 3.000 y 4.000 millones de pesos.

TODO FRENADO

Según afirman empresarios del sector, después de las PASO de agosto de 2019 “se frenó todo” en la Provincia, es decir, prácticamente “no se pagó más nada y hasta hoy la situación sigue igual”. Y cómo si no faltaran problemas, el Gobernador aún no nombró un Tesorero General nuevo para la Provincia, ya que continúa en funciones el radical Horacio Stávale, que viene de la gestión de Vidal, quien -según comentan en los pasillos de la Tesorería- casi no libera pagos, a la espera de que llegue un sucesor.

“Después de las elecciones de agosto dejaron de pagar certificados de obra y se acumuló también la falta de reconocimiento en tiempo y forma de las redeterminaciones de precios (una suerte de ajuste por inflación con una fórmula especial que se aplica a los contratos de obra pública). Las obras se encuentran en algunos casos terminadas y en un porcentaje mayor paralizadas con plazos contractuales neutralizados (en stand by) hasta tanto se resuelva la situación”, le explicó a este diario Jorge Del Río, presidente de Apymeco.

Durante la gestión anterior se les exigió a la empresas finalizar las obras en diciembre de 2019, más allá de los plazos contractuales, por conveniencia política, pero al mismo tiempo desde setiembre del año pasado se dejaron de pagar los certificados de obra. En trabajos de mayor envergadura se les solicitó a las empresas bajar el ritmo de obra, sabiendo que no podían cumplir con los pagos, explican.

“En síntesis la falta de pago, la suba de precios de los distintos insumos, donde muchos de ellos se fijaron con un costo en dólares de $24 (según la fecha de la licitación) y hoy lo tenemos a $67 en donde las formulas de reajuste no solo no reflejan la realidad si no que tampoco se pagan, los gastos fijos de las obras con plazos neutralizados -pólizas, seguros, mantenimiento de obrador, vigilancia salarios y otros- sumado a la alta presión impositiva han dejado a las pymes sin capital de trabajo con un alto grado de endeudamiento, obligadas a disminuir su actividad, con despidos de personal e incumplimiento en el pago de proveedores y obligaciones fiscales”, explicó Del Río.

“Esta problemática ahora está en manos de las nuevas autoridades, por tal motivo hemos solicitado en carácter de urgente audiencias con el Gobernador y el Ministro de Obras Públicas a efectos de informarnos de qué manera se piensa arbitrar los mecanismos indispensables para consolidar la recuperación de la obra publica”, agregó el empresario de la construcción.

Desde el sector de la construcción quieren precisiones respecto al pago de los certificados adeudados, la continuidad de las obras, la renegociación de los contratos y las redeterminaciones de precios.

“Es de vital importancia conocer el plan de obras que se tiene previsto para este año en la Provincia. Contar con políticas tendientes a mantener la obra pública como un dinamizador de la economía es fundamental para proyectar un futuro previsible que genere condiciones absolutamente necesarias para el normal desenvolvimiento de las empresas pymes”, sostienen.