La comisión bicameral del Congreso, encargada de la redacción del proyecto de ley sobre una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, buscará avanzar la próxima semana con la iniciativa para definir el esquema de aumentos de los haberes, que estaría basada en el sistema que rigió entre 2009 y 2017 y contemplaría aumentos trimestrales en las jubilaciones y pensiones.

Así lo anticipó a Télam el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto, presidente de esa comisión, quien adelantó que “la semana próxima habría definiciones” y precisó que la propuesta sobre jubilaciones y pensiones para 2021 “debería contemplar la recaudación, el aumento salarial y la inflación”.

“Estimamos que la semana que viene vamos a avanzar en definiciones en el seno de la comisión para poder tratarla antes de fin de año y que tenga vigencia a partir de enero del año que viene”, afirmó el diputado por Entre Ríos.

Según Casaretto, el concepto que manejan “está más cerca de la fórmula de 2008 que tuvo vigencia desde 2009 hasta 2017, permitiendo que los haberes de los jubilados aumenten por encima de la inflación”.

Tras recordar que el gobierno de Mauricio Macri en 2017 “cambió la fórmula”, Casaretto sostuvo que la modificación impulsada por la gestión de Cambiemos “significó una reducción de los haberes del 19 por ciento entre 2018 y 2019 así que, naturalmente, los tres conceptos más importantes para valorar la movilidad son los haberes de los trabajadores en actividad, la recaudación y la inflación”.

Por su parte, el diputado radical por San Luis, Alejandro Cacace, vicepresidente de la comisión de Previsión Social, aportó que “aún no se ha discutido formalmente en los términos que se postula” pero aclaró que no están de acuerdo “con lo que trascendió porque se desvincularía la inflación como variable de la fórmula, lo que le quita la garantía de proteger el poder adquisitivo de los jubilados”.

“Creemos que es un retroceso y un error volver al elemento que tenía la fórmula de 2009 de atarlo a la recaudación porque cuando hay una recesión es cuando más necesidad tienen los jubilados de recursos, como pasa ahora que son el grupo de más riesgo, que son los que más han perdido en términos de compras mientras hubo esquemas de protección para otras cosas”, aseveró Cacace.

El diputado radical dijo a Télam que “eso es malo para la economía en general porque profundiza los ciclos económicos y la inestabilidad de la economía argentina”.

“Somos el país del mundo que en los últimos 50 años más los ha sufrido”, completó su reflexión.

PROPUESTA

La comisión bicameral, de acuerdo a la ley de Solidaridad Social, aprobada al comienzo de la gestión de Alberto Fernández, debe proponer al Congreso Nacional un nuevo esquema de aumento para los haberes previsionales y asignaciones familiares que reemplace a la Ley de Movilidad aprobada en el gobierno de Macri.

La ley aprobada en la gestión de Juntos por el Cambio estableció que las jubilaciones y pensiones se ajustaran en forma trimestral con una fórmula que combinaba 70 por ciento de la inflación y 30 por ciento de la evolución salarial en base al RIPTE.

Para avanzar en la elaboración de la nueva fórmula, la comisión -integrada por legisladores del oficialismo y de la oposición y funcionarios de los Ministerios de Trabajo y de Economía y de la ANSES- realizó reuniones informativas con varios especialistas.

Según fuentes parlamentarias, la propuesta para definir el ajuste de haberes del régimen general y otros beneficios, como la Asignación Universal por Hijo, estaría compuesto en un 70 por ciento por la variación de los salarios (RIPTE) y en un 30 por ciento por la recaudación de los recursos de la seguridad social.

De esta forma, según las fuentes, la nueva fórmula será similar a la utilizada entre 2009 y 2017 pero los aumentos serán trimestrales y no semestrales, como se había planteado en un primer borrador.

Asimismo, detallaron que habría una cláusula que autorizará a la ANSeS a otorgar un bono diferenciado por rango de haberes si la inflación supera la variación de la Recaudación Total de la ANSeS (RT).