La Suprema Corte bonaerense volvió con su viejo reclamo. Y le planteó al Ejecutivo bonaerense y a la Legislatura que se sancione un proyecto para instaurar la autonomía presupuestaria y la autarquía económica-financiera del Poder Judicial.

A través de una resolución, el máximo tribunal consideró “imprescindible instituir dicho régimen para la justicia provincial”. Además, pidió que se avance con otro proyecto en danza que tiene que ver con la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de sus agentes.

En ese contexto, la Corte dictó otra resolución por la que decidió abrir una instancia de diálogo y consenso con el Poder Ejecutivo, en forma previa a la presentación en la Legislatura del proyecto que se propone elaborar.

El régimen de autonomía presupuestaria y autarquía económica-financiera es reclamado por la Corte desde el 2014 cuando envió un proyecto sobre esa materia al ministerio de Justicia, el que de inmediato tomó estado parlamentario.

Por su parte, en julio del año 2015 se remitió un texto actualizado del proyecto para posibilitar su aplicación a partir del año 2017.

Sin embargo, todos esos intentos quedaron frenados.

Actualmente es el ministerio de Hacienda el que fija los recursos que le tocan al Poder Judicial, que sólo tiene la potestad de fijar prioridades en los gastos.

Y si bien existe una instancia de diálogo en ese sentido con la intervención del ministerio de Justicia, se termina imponiendo el criterio del Ejecutivo en la determinación del presupuesto que le corresponde a la Justicia.

Lo mismo ocurre con los sueldos de los empleados judiciales, que tienen un doble “patrón”. Por un lado, las cuestiones estrictamente laborales son incumbencia de la Corte, pero lo vinculado a lo salarial se negocia con los ministerios de Hacienda y Trabajo.

En su resolución la Suprema Corte señaló que “es inherente al principio republicano de gobierno el respeto por la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, pilares de cuya observancia también depende la efectividad del servicio de justicia”.

Y añadió: “la existencia de una jurisdicción independiente exige que el Poder Judicial no esté subordinado a ninguna otra autoridad o poder y, a la par, que los órganos que lo componen cuenten con los recursos necesarios, normativamente asegurados, y con un cuadro de competencias útiles para cumplir con su relevante cometido constitucional”.

AUTARQUÍA

La Corte recuerda que la autarquía es un antiguo reclamo que data de 2014 cuando envió un proyecto a la Legislatura que, como se dijo, nunca avanzó. En julio del año siguiente se actualizó ese texto, pero nunca pasó el filtro de las comisiones del Senado.

El texto que firman los ministros Daniel Soria, Luis Genoud, Eduardo De Lázzari, Hilda Kogan, Sergio Torres y Eduardo Pettigiani, contempla el impulso de las negociaciones colectivas para los trabajadores de los tribunales.

La Suprema Corte recordó en ese sentido que el proyecto fue fruto del consenso alcanzado en una mesa de diálogo que integraron representantes del alto tribunal y la Asociación Judicial Bonaerense.

De contar con autarquía, el alto tribunal ya no sólo podría definir su presupuesto, sino también establecer la política salarial para jueces, funcionarios y empleados de la Justicia, tal como ocurre a nivel nacional.

De hecho, los jueces vienen sosteniendo que sus ingresos -que define el Ejecutivo- están dentro de los más bajos que pagan las provincias.