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Mientras crece la controversia por la situación en las cárceles y el otorgamiento de liberaciones de presos en el marco de la emergencia sanitaria de coronavirus, los jueces bonaerenses salieron en las últimas horas a tomar distancia al asegurar que ellos "no hacen las leyes" ni "controlan las cárceles", en un mensaje dirigido al Poder Legislativo y Ejecutivo.
En el comunicado firmado por el Colegio de Magistrados de la Provincia, los jueces sumaron su voz a la polémica abierta luego del hábeas corpus colectivo al que hizo lugar Casación a favor de presos detenidos en cárceles bonaerenses, que derivó en excarcelaciones y motines para reclamar ese tipo de beneficios en varias unidades penal.es.
"Garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos es una tarea de los magistrados delegada por la sociedad a través de las leyes. Por eso tenemos que intervenir para resolver problemas que no hemos creado: los magistrados no hacemos las leyes; las cárceles no dependen de nosotros; no definimos los presupuestos ni los recursos sanitarios, infraestructurales ni de higiene para enfrentar la pandemia en los penales; no compramos las tobilleras electrónicas, no manejamos el Patronato de Liberados ni a la policía, etcétera", dicen los magistrados de la Provincia.
En la apertura del comunicado, los jueces destacan que, antes del inicio de la pandemia habían abordado la situación de los penales con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. "En diciembre, habían llegado a albergar 50 mil detenidos en 24 mil plazas", detallaron.
"Desde el primer momento los representantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que está participando activamente en la mesa interinstitucional y buscando soluciones a esta gran crisis, dejamos claramente establecido que las eventuales medidas legislativas de desprisionalización deben resultar muy prudentes y no pueden incluir a homicidas, violadores ni a cualquier condenada/o o procesada/o por delitos graves. Es una obviedad decir que si alguna persona está detenida en una cárcel es porque una jueza o juez así lo dispuso, conforme las leyes vigentes y dentro de su esfera de competencia. Tenemos actualmente una tasa de prisionalización un 50% más elevada que el promedio nacional, lo que desmiente con datos la existencia de la pretendida `puerta giratoria'".
Con todo, para los magistrados también se debe tener en cuenta que "las cárceles son potenciales focos de contagio a una tasa muy alta, por el hacinamiento". "Este es un problema social que excede los ámbitos penitenciarios y judiciales: si se produce un foco allí, la demanda de atención también repercutirá en el mismo sistema de salud con el que cuenta el resto de la sociedad. Por eso las medidas de descompresión del sistema son, también, maneras de proteger a la sociedad", agregaron.
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