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El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, negó ayer que el Gobierno esté detrás de las excarcelaciones masivas de presos, deslindó responsibilidades en la Justicia y apuntó contra “un sector de la oposición” que “trató de vincular las decisiones judiciales con el Gobierno”.
El ministro coordinador aseguró que la administración de Alberto Fernández no ve “con buenos ojos las libertades o prisiones domiciliarias que se estaban dando”. Y resaltó que “el Poder Judicial tomó nota del disgusto que había y empezó a dictar normativas para regular lo que aparentemente había sido tratado con ligereza”.
Y es que, tras la polémica que desató el fallo del Tribunal de Casación bonaerense al avalar las prisiones domiciliarias de presos en riesgo sanitario, la Justicia bonaerense resolvió que esa decisión no podrá ser tomada por un solo juez, sino por al menos dos (Ver nota principal). Mientras que a nivel nacional, el juez Jorge de Santo hizo lugar a una presentación de familiares de víctimas de delitos y declaró inconstitucional una acordada de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional porteña que recomendaba a los magistrados “la pronta disminución de la sobrepoblación carcelaria”.
Cafiero se refirió también a los cacerolazos que sonaron en ciudades como La Plata para repudiar las excarcelaciones: “Las protestas de la gente siempre ayudan” y “no hay que tenerle miedo a eso”.
No obstante, “fue la Justicia la que dio las liberaciones. Y un sector de la oposición trató de vincular las acciones judiciales con el Ejecutivo. Hay una canallada de los líderes de la oposición, que buscaron hacer una politiquetería de cuestiones angustiantes. Esta vinculación es falsa. Los jueces tienen que ser responsables y si se equivocan tienen que responder por ello”, disparó.
Haciendo hincapié en la división de poderes, Cafiero insistió en que el Ejecutivo no pidió ni la liberación de ex funcionarios condenados por delitos de corrupción ni está de acuerdo con excarcelaciones y prisiones domiciliarias de acusados y sentenciados por delitos graves.
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“El Gobierno no pidió la domiciliaria ni la libertad de nadie; ni de (el ex secretario de Transporte Ricardo) Jaime, ni de (el ex vicepresidente Amado) Boudou. Fueron recursos de las defensas y los que terminan definiendo son los jueces, no tenemos injerencia”, argumentó, para luego continuar: “No intervenimos en causas judiciales, el Poder Ejecutivo no detiene, no mete preso ni libera a nadie. Este Poder Ejecutivo no hace indultos, confiamos en la responsabilidad del Poder Judicial y que tomen las acciones que consideren”. Aunque advirtió que “si estas acciones son ilegítimas deberán cumplirse los mecanismos de sanciones”.
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