Las aclaraciones de Alberto F. y la historia que se vuelve circular

Por: Mariano Spezzapria
 

@mnspezzapria

Acaba de comenzar un debate político de proporciones en la Argentina. El anuncio de la expropiación de Vicentin por parte del Gobierno tuvo un impacto tan notorio que Alberto Fernández se vio obligado a aclarar que la idea fue de él y no de Cristina Kirchner. También confirmó el Presidente, hablando de sí mismo en tercera persona, que “cree en el capitalismo” y que no le da “vergüenza decirlo”. Toda una definición de principios ante una medida que puede ser interpretada en sentido contrario.

En tren de aclaraciones, Alberto F. fue más allá: “Expropiar es la más absoluta excepcionalidad”, enfatizó solamente unas horas después del anuncio. En rigor, el Presidente empieza a transitar un estrecho sendero en el que por un lado tiene a Cristina y a La Cámpora, que impulsan la iniciativa, y por el otro a los demás sectores del Frente de Todos y eventuales aliados del oficialismo que tienen muchas dudas respecto de la avanzada sobre la propiedad privada.

De hecho, Roberto Lavagna –que asesora a Alberto F. en materia económica- llamó ayer la atención sobre la utilización de la frase “soberanía alimentaria” para justificar la expropiación de la compañía con sede en el norte de Santa Fe. “Hace años se habló de soberanía energética y no salió bien”, advirtió el ex ministro, al recordar la nacionalización de YPF. Acto seguido, el bloque de diputados nacionales de Consenso Federal, que responde a Lavagna, planteó sus cuestionamientos a la intervención de Vicentin.

“No advertimos que existan fundamentos para que las acciones realizadas por el Gobierno nacional constituyan una razón que procure el bien común”, afirmaron los diputados de ese bloque clave para que el oficialismo consiga los votos para aprobar la expropiación de Vicentin. La advertencia de los legisladores ahonda en la fisura legal del anuncio: la intervención de la compañía –por 60 días y a través de un decreto- podría implicar un desconocimiento del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, ya que la empresa se encuentra en concurso de acreedores.

Justamente ese aspecto legal, puntualizado por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, fue invocado ayer por un grupo de diputados de Juntos por el Cambio –encabezado por Waldo Wolf y Graciela Ocaña- para denunciar al presidente Fernández por “abuso de autoridad” ante la Justicia federal. “El Poder Ejecutivo carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y alcalde de sus deudas”, remarcaron.

Los legisladores del principal bloque de oposición soslayaron, en cambio, el hecho a partir del cual el Gobierno decidió avanzar sobre Vicentin: la abultada deuda que el grupo tomó con el Banco Nación –entre otros como el Provincia-, pese a lo cual se declaró en quiebra. En el oficialismo deslizaron que el CEO de la compañía, Sergio Nardelli, consiguió esos créditos porque es muy cercano al ex presidente Mauricio Macri y fue “aportante de la campaña” primero de Cambiemos y luego de Juntos por el Cambio en 2015, 2017 y 2019. Aunque durante la presidencia de Cristina, la empresa recibió créditos de banco oficiales.

Todas estas conjeturas aparecerán en el debate público en los próximos días y se trasladarán al Congreso desde el momento en que el proyecto anunciado por Alberto F. ingrese al Senado. Allí, la principal impulsora será Anabel Fernández Sagasti, a quien el Presidente reconoció la autoría intelectual de la iniciativa. En el parlamento, según pudo saber EL DIA, se considera que la camporista mendocina no da un paso sin consultarlo previamente con Cristina Kirchner. La vicepresidenta participó, de ese modo, de la gestación de la decisión presidencial.

Alberto F. relativiza esa situación, que hace a la distribución del poder interno en la coalición oficialista, pero el rumbo que adopta su administración con resoluciones como la expropiación de una compañía de la envergadura de Vicentin puede ponerlo en conflicto frontal con el sector agropecuario, algo que el Presidente busca evitar dados sus antecedentes: cuando era jefe de Gabinete de Cristina, en 2008, tuvo que renunciar en medio de la denominada “guerra gaucha” que desató la resolución 125, de retenciones a las exportaciones de soja.

Casualmente, o no tanto, los protagonistas de aquella controversia volverán a enfrentarse en el Senado cuando se trate la expropiación de Vicentin: Cristina y los senadores Julio Cobos, Martín Lousteau y Alfredo de Angelis serán parte de este nuevo debate.

La discusión política incluye un interrogante: ¿Podrá pasar en el futuro que la Argentina deba pagar a los dueños de Vicentin una indemnización millonaria, como ocurrió con la española Repsol en el caso de YPF? Ahora la petrolera gerenciará Vicentin. A veces, la historia se comporta de manera circular.