El Presidente tuvo que salir a aclarar que fue suya la idea de la expropiación

En medio de la creciente polémica desatada por el anuncio presidencial de avanzar con la estatización o expropiación de la empresa privada Vicentin, el presidente Alberto Fernández, que lucha contra sus propios fantasmas, tuvo que salir a aclarar ayer que la idea de la estatización de la firma, en aras de una supuesta “independencia alimentaria” , fue suya y no de su vicepresidenta Cristina Kirchner.

Paralelamente, el Gobierno oficializó la intervención por 60 días de Vicentin, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020 publicado en el Boletín Oficial.

El DNU dispuso la ocupación por 60 días de la sociedad, en forma administrativa, en razón de utilidad pública, “lo que se vuelve urgente en el marco de la emergencia sanitaria, teniendo en cuenta el volumen de la empresa en cuestión, la soberanía alimentaria y la necesidad de evitar impactos de alta negatividad en la economía” y oficializó la designación en el cargo de interventor a Roberto Delgado y en el de subinterventor a Luciano Zarich.

El Gobierno puntualizó que “se encuentran en riesgo no sólo los 2.195 puestos de trabajo de la industria aceitera sino también cerca de 1.000 empleos de la empresa algodonera, 376 de la industria vitivinícola del grupo inversor y 2.057 de la planta frigorífica”, todas de propiedad de Vicentin.

“Frente a la situación de falencia de Vicentin y el tiempo que demanda el proceso judicial, máxime en la actual situación sanitaria, el volumen agroexportador de esta empresa podría verse afectado sensiblemente y esta situación podría conllevar efectos negativos en materia laboral, comercial, económica y social”, afirmó.

Indicó que “ante la gravedad de la situación planteada, y conjuntamente con el dictado de la presente medida, el Gobierno ha dispuesto la remisión al Congreso de un proyecto de ley que propicia la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación a la sociedad Vicentin”.

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Precisó que la composición de la deuda alcanza los $ 63.961.563.645,69, entre los acreedores financieros locales, como los bancos Nación, Provincia, Ciudad, de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Hipotecario, Macro, de Entre Ríos, Itaú y de Santa Fe. Entre los principales acreedores financieros internacionales, con quienes la deuda es de $30.153.285.892,26; se encuentran la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial; el banco de desarrollo holandés Netherlandese Financerings; y el banco neerlandés ING, sucursal Tokio.

El decreto destacó que “se ha iniciado un sumario administrativo con el fin de investigar si las autoridades del Banco Nación actuaron en infracción a la normativa vigente cuando le permitieron a la empresa asumir una deuda millonaria con esa entidad bancaria”.

Paralelamente un grupo de diputados de la oposición recurrió a la Justicia para denunciar al titular de Poder Ejecutivo por “abuso de poder” (ver página 5).

Por la noche en la ciudad de Avellaneda, provincia de Santa Fe, donde tiene su sede Vicentin, fue escenario de una multitudinaria protesta en repudio por la anunciada expropiación.

Tal fue el volumen de la manifestación que Luciano Zarich, el designados subinterventor por el Gobierno no pudo ingresar en las oficinas de la cerealera y se vio obligado a abandonar la vecina ciudad de Reconquista, donde estaba alojado.

Por la mañana Alberto Fernández había dicho que la intervención de Vicentin era “excepcional” y que “no está en la cabeza” del Gobierno “andar expropiando empresas”, al tiempo que sostuvo que la decisión se tomó para “preservar una empresa muy importante del mercado cerealero” y para mantener “la fuente de trabajo y la tranquilidad de los productores”.

“Dispusimos la intervención por 60 días para saber a ciencia cierta de qué estamos hablando”, sostuvo Fernández en declaraciones que realizó esta mañana a Radio Con Vos, en las que aclaró que se trató de una decisión suya.

El jefe de Estado advirtió que el gobierno nacional se está “haciendo cargo de una empresa en quiebra, no de una empresa próspera”, y sostuvo que “se trata de una decisión excepcional por su naturaleza estratégica”.

El mandatario adelantó que “todos los activos del grupo van a formar un fideicomiso y la administración la hará YPF o el Banco Nación, según quien corresponda, pero el gerenciamiento lo va a tomar YPF Agro con aportes del Tesoro”.

“No está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas. Claro que es un gran esfuerzo del Tesoro que hay que hacer, por lo tanto la excepcionalidad de tomar esta decisión es absoluta”, amplió.

El Presidente reveló que no habló con “absolutamente nadie” sobre su idea respecto a Vicentin, “salvo con (el ministro de Desarrollo Productivo) Matías Kulfas”, a quien le pidió “total reserva entendiendo la incidencia que la decisión tiene”.

La decisión gubernamental, sin embargo, cayó como una bomba en el mundo empresarial y de las finanzas. Los principales analistas recordaban ayer la experiencia de la estatización de YPF, a la que también hizo referencia el exministro, Roberto Lavagna.