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Opinión |EDITORIAL

Ponerle un freno a las mafias de las usurpaciones

19 de Julio de 2020 | 03:46
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Otro intento de usurpación de terrenos, en esta oportunidad en City Bell, se registró el viernes y ratificó que nuestra región ha sido elegida por bandas mafiosas para ocupar en forma ilegítima tierras que parcelan y rematan a bajos precios. La maniobra fue neutralizada en un primer momento por la rápida presencia de vecinos, de productores florícolas y de efectivos policiales secundados por la presencia de un fiscal penal, en un operativo cargado de tensión que se extendió por varias horas. Pero anoche usurpadores intentaban avanzar nuevamente sobre los terrenos, custodiados por la policía.

Esta toma se sumó a una serie de ocupaciones ilegales, de similares características, que tuvieron como escenario a predios de Villa Elvira, Los Hornos y El Rincón, este último barrio ubicado entre City Bell y Villa Elisa. Justamente, según testimonios de los lugareños, un grupo de unas 40 personas que provenía de El Rincón intenta usurpar un amplio predio, ubicado en 141 entre 446 y el arroyo Carnaval, al que llegaron provistos de machetes y palas.

La aparición sorpresiva de ese grupo, que actuaba en forma coordinada bajo la “dirección” de dos personas, hizo que los vecinos se pusieran en guardia, avisaran al 911 y se corriera la voz por toda el barrio, al punto de que comenzaron a hacerse presentes pobladores que tienen allí sus viviendas y productores florícolas de Los Porteños. A ellos se sumaron en pocos minutos la Policía, con autoridades de la Distrital, la delegada municipal de Los Porteños y un fiscal penal que ordenó el desalojo de esas tierras, que están alambradas y cuentan con propietarios.

Como se dijo, al no acatar el desalojo los ocupantes, se vivieron momentos de extrema tensión, escuchándose balazos -la mayoría correspondientes a disparos policiales con balas de goma- en una situación que se prolongó varias horas, hasta que los intrusos decidieron alejarse del lugar. Una situación similar se repitió ayer.

Una vez más debe enfatizarse que quienes ocupan tierras en forma ilegítima cometen varios delitos y que, por consiguiente, debiera investigarse a fondo la autoría, para aplicar las penas que correspondan. Y está claro que debe investigarse la presencia de supuestos influyentes y de organizaciones responsables de estos episodios. Lo único que buscan estas bandas es lucrar y beneficiarse con la venta de propiedades que no les pertenecen.

Hay otros y varios puntos que debieran ponerse en claro. En primer lugar que la muy sensible y grave crisis de la vivienda no debe ni puede resolverse de esta manera, sino a través de planes accesibles y programas previamente regulados por las administraciones. No dejándolo al arbitrio de grupos delictivos.

Convendría también insistir en que nada justifica la impunidad con que se mantiene protegidos a estas organizaciones responsables de las usurpaciones, que concretan los despojos de tierras y luego se ocupan de venderlas en forma fraccionada. A esos supuestos “benefactores” lo que menos le importa es el problema habitacional de la gente.

En tercer término ninguna ciudad, y en especial La Plata, puede permitirse que se irradie un urbanismo caótico, que perjudica en forma integral a la sociedad. Bien se conoce que, tanto los intrusos como los vecinos históricos terminan por sufrir, a partir de una toma ilegal, toda clase de problemas y privaciones, sea por la profusión de conexiones clandestinas a las redes de luz, agua y cloacas, o por la inexistencia de las principales redes de servicio.

En esta ocasión, la presencia y acción de las autoridades le puso un freno a las avanzadas. Ojalá esa actitud se generalice en los demás casos que pudieran presentarse, para evitar no sólo que el arrebato quede impune sino que el Estado deje la imagen, como así ha ocurrido lamentablemente en episodios anteriores, de que no está pronto para hacer cumplir los dictados de las leyes y de la Constitución.

 

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