Denunciaron 531 casos de violencia institucional durante la cuarentena

El 7 de agosto pasado, ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados respecto a las políticas contra la violencia institucional y la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro llevadas adelante por el Gobierno Nacional, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, deslizaron una cifra estremecedora: en el período de cuarentena se recibieron 531 denuncias por violencia institucional contra la población.

Los datos relevados por EL DIA dan cuenta de 15 casos de represión policial grave en la Provincia

El número corresponde al período comprendido entre el 20 de marzo (día en que el Gobierno Nacional decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio) y principios de agosto. Además, cobra mayor relevancia cuando se lo contrasta con los episodios registrados entre el 10 de diciembre y el 19 de marzo, que fueron 71.

El dato forma parte de un “Informe de Gestión Violencia Institucional” presentado por Pietragalla Corti en la sesión mencionada y corresponde a situaciones en las que se vieron involucrados en forma directa miembros de las distintas fuerzas de seguridad.

Según detalló el funcionario, de los llamados recibidos en su cartera 71 casos fueron por acceso a la justicia; 11 por amenazas; 23 por apremios legales; 132 por asistencia médica (en las cárceles); 28 por causas armadas; 142 por contacto con defensores (falta de contacto de los reclusos con sus abogados), una por desaparición forzada; 20 por detenciones arbitrarias; 24 por hostigamiento; 37 por lesiones, 5 por malas condiciones de detención; 24 por malas condiciones de alojamiento; 25 por muerte; dos por robo en allanamientos; seis por torturas; nueve por violencia de género y 42 por distintas denuncias.

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La Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Bonaerense son las que tienen más involucramiento, seguidas por la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La mayoría de las denuncias no corresponden a incidentes graves, pero el crecimiento mayúsculo en la cantidad de incidentes durante el confinamiento no debe dejarse de lado. Por otro lado, la violencia institucional no es la única que proliferó sin control durante los 157 días de cuarentena que lleva la Argentina. También, de acuerdo a las cifras oficiales, los hechos de violencia de género e intrafamiliar se quintuplicaron.

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) contrastó el informe de la Secretaría de DDHH con el registro que realizan todos los años.

“Desde la vigencia del DNU 297/2020, registramos 92 muertes de personas a manos de integrantes de la fuerzas estatales”, afirma la organización política.

El archivo, aclaran, “sólo incluye aquellos casos en que no existía situación real de peligro para el matador o terceros”, y detallan que del total de los casos “34 fueron fusilamientos de gatillo fácil; 45 muertes bajo custodia -cárceles o comisarías-; cuatro femicidios y femicidios relacionados; tres desapariciones forzadas; dos son consecuencia de otros delitos policiales, dos son otras modalidades, como el uso del patrullero como arma, y el restante de intrafuerza (se mataron entre ellos)”.

Asimismo, indican que “el conjunto de las policías provinciales mataron 50 personas, los servicios penitenciarios provinciales son responsables de 27 muertes, las fuerzas federales de conjunto, de ocho, y la Policía de la Ciudad, de siete”. En la provincia de Buenos Aires, prosigue el texto, se produjeron “42” episodios, “seguida de lejos por Santa Fe (10); Córdoba y San Luis (seis cada una); Tucumán (cinco); Jujuy (cuatro); Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Santa Cruz y Mendoza (tres cada una); Neuquén y San Juan (dos cada una) y finalmente Chaco, Chubut y Santiago del Estero (una cada una)”. “Desde el inicio de la actual gestión, el 10/12/2019, se suman 159 casos, entre fusilamiento de gatillo fácil (59); muertes bajo custodia (75); femicidios y femicidios relacionados (nueve); desapariciones forzadas (cuatro); consecuencia de otros delitos policiales (cuatro); otras modalidades (cuatro) e intrafuerza (cuatro) en todo el país”, refieren.

CASOS EMBLEMÁTICOS

Los datos relevados por EL DIA sobre la represión policial durante la cuarentena, son similares en términos demográficos a los de la Correpi. En el listado, que muestra no sólo muertes si no también abusos de fuerza, se observa que Buenos Aires es la provincia con más eventos de este tipo -algunos con más de una víctima-. Son 15 episodios extremos en territorio bonaerense; siete en Santiago del Estero; cuatro en Tucumán y en Chubut; tres en La Pampa, San Luis y Chaco; dos en Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz y Río Negro; uno en San Juan y en Jujuy. Se debe resaltar que en diversas ocasiones los testigos hicieron su parte filmando lo que ocurría. Eso permite que, a través de la repercusión en las redes sociales y medios de comunicación, la cuestión se dirima de forma positiva para las víctimas.

Valentino Blas Correa (17), Franco Maranguello (16) y otros cuatro no identificados son los menores que padecieron el flagelo de la violencia policial. Al primero lo asesinaron el 6 de agosto a balazos, disparados presuntamente de un patrullero, cuando viajaba en un auto con amigos por las calles de Córdoba capital.

Blas Correa; Luis Espinoza y Facundo Astudillo Castro, los casos emblemáticos de este fenómeno

Maranguello fue detenido en la puerta, en Villa Mercedes, San Luis, por permanecer fuera de su casa a las 20.20 horas. Apareció ahorcado horas más tarde en la Comisaría del Menor. Hubo ataques a familias Qom; una nena de siete años recibió un tiro durante un operativo en el barrio La Cava, San Isidro; un adolescente no identificado de 16 años fue aprehendido en su domicilio por supuesta violación de cuarentena, en Alta Gracia, Córdoba.

A ellos se suma lo ocurrido con Luis Armando Espinoza y Facundo Astudillo Castro (ver página 19). La muerte de Espinoza fue acaso la más emblemática: el joven tucumano de 31 años desapareció tras defender a su hermano de una represión policial en el Paraje Melcho de Simoca. Su cuerpo aparecería días después, en un barranco de la provincia de Catamarca. Tenía una herida de bala y estaba envuelto en una bolsa negra. Peritos confirmarían que el padre de seis hijos había sido asesinado por un arma reglamentaria.