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Ya convocaron al debate en Diputados para el próximo martes, pero sin el acuerdo de Juntos por el Cambio
Mariano Spezzapria
@mnspezzapria
El oficialismo decidió forzar la marcha en el Congreso. Tras la aprobación de la reforma judicial en el Senado, con polémica incluida por los múltiples cambios que se aplicaron a último momento, el Frente de Todos avanzó ayer con la convocatoria a una sesión en la Cámara baja para el próximo martes, sin el acuerdo de Juntos por el Cambio, tal como anticipó EL DIA.
Para redoblar la presión política sobre la principal fuerza opositora, que lleva adelante una estrategia de bloqueo parlamentario para tratar de frenar la reforma judicial, el oficialismo presentó también ayer el demorado proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario, que más allá del título pomposo, consiste en un impuesto que gravará a las que considerarían las grandes fortunas del país (ver página 7).
La tensión política entre la coalición gubernamental FdT y la alianza opositora JxC se expresó con nitidez en la sesión del Senado del último jueves, cuando el oficialismo consiguió aprobar el proyecto de reforma judicial por 40 votos afirmativos contra 26 negativos e incluyó notorias modificaciones a la iniciativa en el cierre del encuentro, sin aviso previo a la oposición.
“Si igual ustedes van a votar en contra del proyecto”, fue el comentario que utilizó la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, ante una queja que le hizo el porteño Martín Lousteau (JxC). En la Cámara de Diputados, en tanto, el presidente Sergio Massa convocó a una sesión para el próximo martes, a pedido del jefe del interbloque oficialista, Máximo Kirchner.
“Espero que los bloques se sienten a trabajar”, sostuvo Massa en un mensaje directo a JxC, que ya avisó que no se presentará a la sesión si ésta no se realiza en formato presencial (ver aparte). Pero eso no va a suceder: el oficialismo acordó con bloques menores la convocatoria al encuentro del pleno y cuenta con el aval de 129 diputados que son necesarios para formar el quórum.
En la sesión del martes se abordará una ley de emergencia para el sector turístico, uno de los más afectados por la parálisis que impuso la pandemia del coronavirus; y un aumento de las multas para la pesca ilegal en el Mar Argentino. Ambos temas serían votados por una amplia mayoría, incluido JxC, pero la disputa en torno al protocolo de sesiones seguirá abierta.
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“Nos reservamos el derecho de accionar judicialmente contra cualquier intento de vulnerar las reglas que este cuerpo ha fijado para el funcionamiento telemático”, advirtió el interbloque de JxC, que encabeza el radical cordobés Mario Negri, en una carta que dirigió a Massa. En rigor, el bloque opositor mayoritario no quiere que se trate la reforma judicial en la Cámara baja.
Pero la estrategia de bloqueo fue superada ayer por el oficialismo con la convocatoria a la sesión del martes, con el acuerdo de bloques de las provincias y de la izquierda. “Nosotros somos partidarios del funcionamiento de la Cámara y rechazamos el chantaje de JxC, que sólo quiere imponer su agenda”, aseguró anoche la diputada Romina del Plá.
A su vez, el radical Facundo Suárez Lastra dijo que “lo peor que le puede pasar a la democracia es que se rompan las reglas de juego” y sostuvo que si no hay acuerdo para prorrogar el protocolo de sesiones remotas, no sólo “no va a salir la reforma judicial, sino ninguna otra ley”. Desde el oficialismo, el diputado Marcelo Casaretto advirtió que “no se puede paralizar el Congreso”.
Pero más allá de las declaraciones cruzadas, lo que queda claro es que el oficialismo decidió pasar a una nueva etapa en el Congreso, marcada por la disputa para ver quién controla la agenda política.
El avance de la reforma judicial alteró los ánimos de la oposición, que intenta canalizar el rechazo de un sector de la sociedad a la iniciativa que identifican con la “impunidad”.
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