Acuerdos y anuncios que aún no favorecen las expectativas

Ricardo Rosales

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La política otra vez, está condicionando las posibilidades de inicio de una recuperación económica, aunque incipiente del país; no la pandemia o las dificultades mundiales que surgen tras esparcirse el virus a todos los rincones del planeta.

La larga cuarentena y la incertidumbre de que rumbo tomaría el presidente Alberto Fernández, fueron los primeros indicios, aunque ya en marzo el nivel de actividad y el consumo no levantaban cabeza tras el impuestazo aprobado en las primeras semanas del flamante gobierno. También caían las reservas del Banco Central pese a la liquidación récord de divisas del campo.

La semana última, en la conmemoración del Día de la Industria, Alberto F. ofreció un relato pomposo de sus ideas del capitalismo, la mayoría atrasadas en el tiempo y con escaso vínculo con la realidad. Como el Ludismo del siglo XIX, imaginó superar al que denominó capitalismo financiero (quizás lo leyó en “Imperialismo, fase superior del Capitalismo”) regresando quizás a épocas en que, por ejemplo, la siderúrgica estatal Somisa empleaba unos 15/20 mil trabajadores o el Fordismo de los años “20, con terminales automotrices que empleaban cientos de miles de personas en todo el mundo. Recuerdos de otro tiempo que ya no volverán.

En los últimos 20/30 años hubo una enorme revolución tecnológica, con la biotecnológica, Internet, la economía digital, aún en marcha. Y los grandes centros financieros como Londres o Nueva York, mal que pese a la política, es el lugar al que aspiran llegar todas las empresas del planeta y también los gobiernos; estar allí significa acceder a capital y financiamiento barato y expandir sus operaciones, inversiones, exportaciones. No se trata de un punto de vista ideológico sino práctico; los gobiernos también acuden a esos mercados, de países tan diversos como Uruguay, Japón, Turquía, Finlandia, para financiar sus desequilibrios fiscales o de inversión en infraestructura. La propia Argentina ha concurrido de manera asidua a esos mercados para cubrir su déficit fiscales permanentes. No hubo gobierno nacional o provincial desde el “83, con la recuperación de la democracia, que no haya acudido a esos mercados. De todas maneras, no es el discurso presidencial el que alarma al mundo de los negocios, sino la inercia oficial, ausente de definiciones o medidas concretas que puedan liberar las fuerzas de una recuperación de la economía.

¿Qué pasó con las 60 medidas inmediatas o el programa económico secreto? Y ahora se suman, los interrogantes sobre sus convicciones de defensa de la propiedad privada y la continuidad de la voracidad impositiva. La inercia, ya en cuarentena, se advirtió con las negociaciones con los acreedores de deuda privada que se prolongaron por más de ocho meses. Al comando del ministro Martín Guzmán, dieron un giro copernicano a la gestión, con exasperantes lagunas en el tiempo. De anticipar una caída generalizada de países en default, producto de la pandemia, que originaron una oferta unilateral de canje muy agresivo y un rechazo masivo a la oferta, se pasó al otro extremo. La realidad mundial anticipo recuperaciones más rápidas del nivel de actividad, sin un default masivo, que terminaron en una cuarta o quinta oferta, finalmente con un canje exitoso, pero muy lejos de las pretensiones oficiales.

Sin embargo, el beneficio de cerrar el canje tuvo casi ningún impacto favorable en las expectativas económicas. Las reservas del Banco Central siguen muy exiguas y están en estudio cerrar más el cepo cambiario, eliminando o reduciendo el cupo de los 200 dólares de compra mensual. El anuncio de apertura de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, una decisión de trascendencia, tampoco movió el amperímetro de las expectativas.

El próximo paso oficial debiera ser el ingreso del proyecto de Presupuesto para 2021, en el cual dibujen los principales lineamientos económicos del Gobierno, aunque tampoco parece que modificará el clima económico. Los últimos debates en el oficialismo y la oposición, y dentro de la alianza que gobiernan, primero con la declaración de servicio público de los servicios de telefonía y luego con las usurpaciones de tierras, abren otra vez las dudas sobre la convicción del Gobierno de respetar principios básicos de la Constitución y del sistema económico.

La rapiña, actos unilaterales y el desarme de las instituciones de la República se han puesto en duda. No importa tanto si ocurrirá o no (eso lo dirá el tiempo), sino las expectativas en la sociedad, y en este sentido es bastante claro que los negocios están en alerta y otros millones de ciudadanos igual de inquietos, tratando de cubrirse o ganar una diferencia con la compra de los 200 dólares mensuales.

¿Hasta donde llegará la reciente doctrina de “ocupar no es usurpar”? ¿O la lógica de arrasar con un sector dinámico y generador de empleo y divisas, por atacar a una empresa? Sucedió con Mercado Libre con la Ley de Conocimiento y ahora con Clarín con la de Comunicaciones (según la versión oficial no oficializada). Ocurren también relatos contradictorios. Una parte de los economistas advierte que en medio de un discurso popular del gobierno, anti-ajuste, avanza un ajuste fiscal que se advierte en primer termino con las jubilaciones, los primeros afectados por el recorte. Otro sería con el beneficio del IFE de 10.000 pesos, que de alcanzar a más de 9 millones de personas pasó a ser bimensual y hoy no es claro que sucederá.

Tras la definición de Guzmán de un déficit de 4,5% estimado para el año próximo, los especialistas estiman en donde hará los recortes el gobierno para llegar a ese número, la mitad del que cerrara este año. Igual imaginan como hará el titular del Banco Central, Miguel Pesce, para salir de la bola de nieve de las Lelic, que reproducen el cuestionado y pésimo resultado de Sturzenegger con Macri hace dos años. Una vez más, la política y no la economía privada decide si el país se recupera o mantiene su declive.