Evalúan relanzar el IFE y el ATP, aunque en una versión más reducida

“Si hay rebrote habrá acompañamiento del Estado”, aseguró ayer el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, anticipando lo que en los próximos días discutirá el gabinete económico del Gobierno: el posible regreso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y de las ayudas salariales a empresas a través del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Aunque podría ser en una versión más acotada, con un alcance menor, montos más bajos y hasta con otro nombre.

La idea, que será analizada en el marco de la reunión semanal de gabinete económico que coordina el jefe de ministros, Santiago Cafiero, toma vuelo justo cuando los contagios de COVID-19 están en alza. En esa línea, el planteo que se impone es el de retomar un programa similar al IFE, mientras que la ayuda para el pago de sueldos se limitaría a sectores que no han podido recuperarse, como el turístico o el entretenimiento.

En el peor momento de la pandemia, el IFE llegó a 9 millones de personas con tres pagos de 10.000 pesos cada uno y por los que el Estado destinó en total 270.000 millones de pesos para asistir a desocupados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), empleadas domésticas, trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas. En tanto que el ATP fue clave para sostener la actividad privada en medio de la cuarentena estricta, ya que a través de este programa el Estado se hacía cargo del pago de hasta el 50 por ciento de los salarios de los trabajadores.

Pero a medida que el coronavirus parecía amainar, y a la par que se iban habilitando más actividades, estas ayudas se fueron achicando para finalmente terminar en diciembre. No solo porque se vislumbraba una mejor situación sanitaria, sino también para reducir el déficit fiscal: según datos oficiales, el año pasado las medidas de auxilio a las familias y a las empresas le demandaron al Estado un gasto equivalente a casi 5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), lo que representaría más de un billón de pesos, entre IFE, ATP y otros gastos vinculados a la pandemia.

Pero ahora, con el rebrote sanitario acechando y la posibilidad de nuevas restricciones para mitigarlo, en el Gobierno asumen que podrían reactivarse las asistencias: “Dependerá de cómo vaya evolucionando la pandemia, aún no hay nada definido. Lo que está claro es que no vamos a dejar a la gente sin ayuda”, aseguraban en el Ejecutivo.

“El regreso del ATP y del IFE no está ni descartado ni está en carpeta. Se irá viendo a medida que avancen las restricciones y que se evalúe el impacto que tendrán”, apuntaban las fuentes oficiales, al tiempo que reconocían que el presupuesto 2021 “está armado sobre un esquema de no pandemia o de no rebrote. Si efectivamente hay un rebrote vamos a generar las medidas de emergencia para atender la situación. El año pasado comenzamos con un presupuesto de 84.000 millones de pesos y terminamos con 240.000 millones de pesos”.

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Aunque, tal como reconocían en el Gobierno, en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en un año en el que deberá encararse un proceso de reducción del déficit fiscal, este año no habrá margen para aumentar el gasto público, por lo que un incremento presupuestario no previsto para afrontar medidas de asistencia solo podría realizarse con reasignación de partidas.