Ya piensan en extender y ampliar los congelamientos de varios productos

El congelamiento de precios de los alimentos y otros productos de almacén que instauró el gobierno de Alberto Fernández de la mano del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, en octubre pasado estaría tomando nueva forma y confirmando el adelanto exclusivo de este medio, ya que se extendería por al menos 30 días más para cumplir con los 120 días que habían planteado originalmente en la usina del Ejecutivo como método para contener la escalada de precios, más allá de que hasta ahora los resultados parecen ser limitados.

Así lo confirmó a este diario una fuente del oficialismo, desde donde se explicó que no convence al equipo de Feletti cortar el 7 de enero con el programa, entendiendo que va a “remontar vuelo” con la llegada de las compras navideñas y el medio aguinaldo que cobren algunos asalariados.

“La salida del congelamiento debería ser una canasta amplia administrada”

La novedad radicaría en que el congelamiento se podría extender no solo a los más de 1.400 productos de almacén, sino también alcanzaría al acuerdo que se firmó con los laboratorios para retrotraer el precio de los medicamentos al 1° de diciembre, a los combustibles –que no aumentan desde mayo pasado- y a las tarifas de energía (luz y gas) y agua,como método para controlar la inflación.

Por eso la apuesta sería más ambiciosa, ya que no solo se extendería el congelamiento hasta completar 120 días de una amplia canasta de productos con fuerte anclaje en alimentos, sino también en esas otras variables muy sensibles a la hora de impactar en el índice de inflación que elabora el Indec.

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Por ahora, la apuesta del Gobierno para conseguir que los precios “no se muevan” tiene un relativo impacto en grandes superficies y casi nulo en las medianas y pequeñas, ya que tanto almacenes como autoservicios de menor tamaño se abastecen con mayoristas y distribuidores que no les congelan los precios, por lo que el programa resulta de casi imposible cumplimiento.

Con el arrastre de programas como Precios Cuidados, Precios Esenciales y otros parecidos que apuntaban a un control administrado de una canasta de productos, la lógica indica –según explican fuentes del sector alimenticio- que quitarlos de un día para el otro parece una utopía, por más inflación (52 por ciento anualizada) y reclamos que haya desde el sector empresario.

Feletti dio alguna pista días atrás cuando señaló en declaraciones radiales que “La salida del congelamiento debería ser una canasta amplia administrada y que tenga relación con la política de ingresos. Yo creo que el programa se va a sostener, hubo mucho respaldo de los gobernadores, hay consenso de que esto es una necesidad y en algún punto las empresas también lo entienden”.

Cuando se instauró el congelamiento en el sector alimenticio fue a pocos días del desembarco de Feletti en el cargo. Su antecesora, la economista Paula Español, se aprestaba a autorizar un aumento de precios de hasta el 4 por ciento en los 700 productos que componían el programa Precios Cuidados, pese a que los empresarios querían al menos un 6 por ciento y achicar la lista de productos, con revisión en dos meses. Pero, de golpe y porrazo se encontraron con un listado de más de 1.400 productos y congelados retroactivamente al 1° de octubre, lo que se dice, una derrota contundente del empresariado ante el Gobierno.

“Yo creo que en los controles y en los controles de los monopolios”, aseguró Feletti en varias oportunidades. También aseguró que la agenda inicial sería el diálogo para achatar la curva de precios de los alimentos y “consensuar precios y respetar los consensos” y, si no, aplicar las leyes que hacen a la defensa del consumidor y del abastecimiento. El primer round salió por decreto (alimentos), el segundo, por los medicamentos, fue por consenso. ¿Habrá margen para estirar los acuerdos y extender esa línea de controles a los combustibles y las tarifas?

Por lo que aseguran fuentes de la coalición gobernante pareciera que sí y que será febrero el mes en el que se volverían a discutir precios, márgenes de ganancias y otras cuestiones que obsesionan al funcionario de Comercio Interior.

Qué pasará en los próximos meses con los precios de los bienes más sensibles de la canasta familiar será la resultante de algunas mesas de diálogo entre Gobierno y empresarios y también de la agenda y la urgencia que marque el propio índice inflacionario, que por ahora se sigue acelerando.

UN POCO DE HISTORIA

Desde el centro de estudios IDESA, hicieron un repaso por la historia económica Argentina recapitulando las ocasiones en las que se utilizó este instrumento.

En 1952 tenemos el primer ejemplo de la aplicación de un control de precios durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón. Se creó la Comisión Nacional de Precios y Salarios, acompañada de una política de reducción del gasto público. Luego, en 1967, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía se aplicó un congelamiento de precios principalmente a productos industriales y de salarios.

Con el Plan de Gelbard en 1973 se promovió un pacto social entre sindicatos, empresarios y gobierno donde a cambio de un gran aumento salarial se postergaron las negociaciones colectivas por 2 años y prevalecieron los controles de precios. En la última dictadura militar, en 1977, Martínez de Hoz estableció lo que se conoció como la tregua de precios por 120 días, acompañado por una reforma financiera.

Así llegamos a 1985 con el Plan Austral durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que combinaba medidas fiscales, monetarias y un novedoso método de desindexación en conjunto con el congelamiento de precios y salarios. Más adelante en el tiempo, durante el gobierno de Néstor Kirchner en el 2006 se produjeron acuerdos de precios en productos de la canasta básica durante 3 meses, que luego se extendió a todo el año.

Los casos más recientes fueron durante los gobiernos de Cristina Kirchner, donde se instauraron los precios cuidados, y en el último año de gobierno de Mauricio Macri, donde se realizó un acuerdo con empresas por los “productos esenciales”. El año pasado, frente a la situación de pandemia, Alberto Fernández estableció el programa de precios máximos que buscaba mantener los precios constantes a los que regían antes de la cuarentena.