El Gobierno derogó el decreto firmado en 2017 por el entonces presidente Mauricio Macri y por el que se había restringido el ingreso y la permanencia en el país de extranjeros con antecedentes penales.

El decreto de derogación, que lleva la firma del presidente, Alberto Fernández, y fue publicado ayer en el Boletín Oficial, alegó que las medidas migratorias adoptadas por el anterior gobierno “resultan irreconciliables con la Constitución nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.

En enero de 2017, Macri había firmado un decreto que modificó la ley migratoria con el fin de acelerar los procesos de deportación y prohibía el ingreso al país de extranjeros acusados de cometer delitos graves. Aquella medida fue muy cuestionada por varias organizaciones de derechos humanos, que ahora salieron apoyar la derogación de la medida.

Pero referentes de Juntos por el Cambio cuestionaron la decisión: “Es incomprensible. En vez de pensar en la gente derogan el decreto que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes. El que viene a hacer daño, matar o robar no puede quedarse en la Argentina”, escribió en Twitter el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.

En el mismo sentido se pronunció la exministra de Seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich: “El Presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al Gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora, pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron”.

Por su parte, el diputado nacional Luis Petri (UCR-Cambiemos) anunció que junto a su par y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, presentarán un proyecto de ley que restablezca el contenido del decreto derogado ayer por el Gobierno de Alberto Fernández.

“El Congreso debe poner las cosas en su lugar ante el atropello a la seguridad de los argentinos”, consideró Petri en un comunicado.

También el exministro del Interior, Rogelio Frigerio, consideró en su cuenta de Twitter que “el Gobierno sigue retrocediendo y lo único que hace el Presidente es favorecer el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos”.

El exsenador y actual integrante de la AGN, Miguel Ángel Pichetto, dijo por la misma red social que “no hay que permitir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales” y que la norma “facilita el narcotráfico y las organizaciones delictivas”, por lo que es un grave error que denota una carencia de sentido común”.

En la resolución publicada en la víspera, el Gobierno de Fernández señaló que en las modificaciones introducidas por Macri se observan aspectos como “la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal y la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa”.

También se observa “la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.

El Gobierno de Fernández aseguró que esos cambios derivaron en un aumento de los litigios contra el Estado y que hubo resoluciones judiciales que declararon inconstitucional el decreto de Macri.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones que accionó legalmente en contra de aquel decreto, dijo en un comunicado que la decisión adoptada por Fernández es “fundamental” para garantizar los derechos de las personas migrantes en Argentina.

También permite, según el CELS, que el país vuelva a afirmar “sin contradicciones” los principios de la Ley de Migraciones y de su reglamento, como el derecho a migrar, a la regularización migratoria, la no discriminación, la no criminalización de la migración y al debido proceso en todos los trámites y procedimientos migratorios.

La organización recordó que el decreto de Macri habilitó un procedimiento de detención y deportación “exprés” de las personas migrantes sometidas a cualquier tipo de proceso judicial de carácter penal, condenadas o no.

También se autorizó mediante aquel decreto la expulsión de quienes hubieran cometido faltas administrativas en el trámite migratorio como, por ejemplo, no haber acreditado el ingreso al país por un lugar habilitado.