Coparticipación: Nación planteo la “incompetencia” del alto tribunal

Mientras crece la tensión entre las administraciones de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta por la presencialidad en las escuelas, otra disputa cruza a ambos gobiernos: es la que tiene que ver con la quita de fondos coparticipables de la Nación a la ciudad de Buenos Aires. Un conflicto que se dirime en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que convocó para hoy a una audiencia de conciliación entre las partes.

En la víspera de ese encuentro, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, presentó un escrito ante el máximo tribunal en el que consideró que la Corte no es competente para intervenir en el litigio por el recorte de recursos. Un argumento similar al esgrimido en la causa por la presencialidad escolar. “Vengo a plantear la excepción de incompetencia y declinatoria de la competencia de esta Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, por cuanto el caso de autos no se ajusta a ninguno de los supuestos taxativamente señalados en el art. 117 de la Constitución Nacional, por lo que no corresponde que la presente contienda planteada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tramite en la jurisdicción originaria de este Alto Tribunal”, advirtió el texto firmado por Zannini.

Para el funcionario, el Gobierno nacional ”ha obrado con absoluta buena fe y sigue dispuesto a dialogar con las autoridades de la CABA conforme a los principios que informan el federalismo de concertación”.

La convocatoria a la audiencia de conciliación llega siete meses después de que Rodríguez Larreta presentara una demanda por “inconstitucionalidad” contra el decreto -luego convertido en ley- presidencial que reasignaba fondos de la Capital a la provincia de Buenos Aires, en momentos en que el Gobierno de Axel Kicillof enfrentaba un inédito conflicto policial y requería una inyección de recursos para lograr un acuerdo salarial con la fuerza.

En tanto, circularon versiones sobre un pedido de la Rosada para postergar el encuentro, algo que no fue confirmado en el gabinete de Alberto Fernández.

Por el Gobierno porteño concurrirán el procurador general, Gabriel Astarloa; el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura; y el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro. En representación del Estado nacional estarían el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, pero no en forma presencial, sino a través de la presentación de escritos.

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En caso de que el cónclave tenga lugar, será en un clima de fuerte disputa, agudizado por los últimos fallos judiciales sobre la presencialidad escolar en la Capital: el domingo, la Justicia porteña falló a favor de un grupo de padres y habilitó la actividad en las escuelas; anoche, otra decisión de los tribunales federales invalidó aquella decisión y dispuso la suspensión de las clases en las aulas. Como en el conflicto por la coparticipación, la última palabra la tendrá la Corte.

Se trata de dos casos de altísimo voltaje político. Sobre todo el relacionado con la educación escolar, donde la cuestión en torno a la presencialidad o la virtualidad divide aguas.