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Política y Economía |A través de un proyecto que ya fue enviado al Senado

Buscan suspender las clases presenciales, ahora por ley

El Gobierno tendría esa facultad, entre otras en medio de la pandemia, si el distrito se encuentra en “alarma epidemiológica”. Firme rechazo de la oposición a la iniciativa

Buscan suspender las clases presenciales, ahora por ley

Santiago Cafiero defendió el proyecto oficial/Jef. de Gabinete

Carlos Barolo

11 de Mayo de 2021 | 04:27
Edición impresa

Finalmente el Gobierno envió ayer al Senado el denominado proyecto de ley “de restricciones sanitarias” que busca institucionalizar las medidas para bajar la circulación de personas con “parámetros objetivos”, pero que incluye un polémico artículo que faculta al Ejecutivo a suspender las clases presenciales en aquellos distritos que se encuentren bajo “alarma epidemiológica”. La coalición opositora de Juntos por el Cambio ya anticipó su firme rechazo a lo que consideró una cesión de “superpoderes” a un Presidente que “falló en su estrategia sanitaria” para hacer frente al Covid.

Con Alberto Fernández de gira por Europa, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, le dieron ayer a la mañana un último repaso al texto trabajado el último sábado en la residencia de Olivos y por la tarde lo giraron a la Cámara alta donde el oficialismo cuenta con una amplia mayoría para garantizarse una rápida votación.

Pese al rechazo de la principal fuerza opositora, en el Gobierno remarcaron que buscarán “consensos” en Diputados pero la intención es que tenga un veloz trámite parlamentario: la letra de la iniciativa prevé que entre en vigencia el 22 de mayo, justo cuando vence el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dispone las actuales restricciones.

“Modelo alemán”

La decisión de la Casa Rosada de enviar un proyecto que busca imitar el “modelo alemán” en el país -por aquella propuesta de la canciller Angel Merkel al parlamento para que establezca criterios epidemiológicos para abrir o cerrar actividades- se aceleró luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que validó la decisión de la capital federal de continuar con el dictado de clases presenciales a contramano de la normativa nacional.

En los hechos, el texto girado ayer establece el mismo semáforo epidemiológico que el Ejecutivo implementó en el vigente decreto, que divide en cuatro categorías al país de acuerdo a la cantidad de contagios de Covid y ocupación de terapias intensivas: departamentos de bajo riesgo, medio riesgo, alto riesgo y de alerta epidemiológica. Sobre los distritos que se ubiquen en esta última categoría podría intervenir la Casa Rosada, por ejemplo, con el cierre de escuelas.

En este contexto, el artículo 21 de la iniciativa referido a la “suspensión de clases presenciales” en todos los niveles, autoriza al poder central a tomar esta medida en “los Aglomerados, Departamentos o Partidos que se encuentren en situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria” y prevé que, previa consulta con la provincia, el Gobierno nacional “podrá monitorear o dejar sin efecto esa restricción”.

No obstante, exceptúa de tales prohibiciones a “la escolaridad de estudiantes de la modalidad de educación especial, en acuerdo con sus familias y, asimismo, se deberán arbitrar los medios para cumplir con los apoyos y el acompañamiento educativo de los y las estudiantes con discapacidad”. De hecho, en Provincia hoy hay apoyo a estos alumnos en algunos establecimientos dando conformidad a lo dispuesto durante la última asamblea del Consejo Federal de Educación.

En más de 300 mil habitantes

Es que la Nación podrá disponer medidas en los departamentos que tengan más de 300 mil habitantes dado que son identificados como conglomerados urbanos. “La idea es intervenir para que esos no distritos lleguen a un estado de alarma que colapse a los hospitales y se produzcan mas muertes que las que podríamos evitar”, explicó un funcionario consultado.

Acerca de las restricciones previstas, “se faculta al Poder Ejecutivo a disponerlas de forma razonable y proporcionada, previa consulta con los gobernadores/as y Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenbos Aires (CABA) y con intervención de la autoridad sanitaria nacional (conforme lineamientos del fallo de la Corte Suprema de Justicia). Además puede morigerar o suspender las prohibiciones”.

Según el mapa epidemiológico de Salud, en la actualidad no sólo CABA se encuentra dentro de la categoría más riesgosa sino también los 40 municipios del Conurbano, Mar del Plata, la ciudad de Mendoza y Rosario, por caso.

No a “superpoderes”

En Juntos por el Cambio, en tanto, expresaron su desacuerdo a la propuesta legislativa antes que se conociera su contenido. En un Zoom de la Mesa Nacional de la alianza opositora, dirigentes como Mauricio Macri y los diputados Mario Negri, Cristian Ritondo y el senador Luis Naidenoff, mantuvieron un breve contacto en el que manifestaron su rechazo a lo que denominaron una delegación de “superpoderes” al Poder Ejecutivo para administrar las medidas contra la pandemia. “El Presidente ya tuvo el poder que necesitó y falló en la estrategia sanitaria”, justificó una fuente radical consultada. No hubo asistencia completa al encuentro virtual ya que, por ejemplo, Patricia Bullrich se encontraba de gira por Corrientes y Chaco. La próxima semana todos los delegados de JxC intentarán participar de una reunión presencial.

Al anochecer el diputado chubutense, Gustavo Menna (JxC), a través de su cuenta de Twitter, cuestionó el artículo 33 del proyecto que sostiene que la delegación de facultades al Presidente “regirá mientras se encuentre vigente la emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y sus modificatorios, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación al Covid-19”. Al respecto, el legislador sostuvo que el plazo de una “delegación la debe fijar el Congreso y no el Ejecutivo”.

Pese a las críticas, ayer en Casa Rosada remarcaban que con esta propuesta buscaban dar previsibilidad ya que la misma distribuye las facultades para tomar decisiones entre el Ejecutivo y los gobernadores, “otorgando una amplitud de intervenciones para la toma de decisiones respecto de la evolución de la pandemia”. Y que serán las 24 jurisdicciones quienes deberán ejercer el control y fiscalización de las disposiciones.

 

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