Perú marcha rumbo a lo desconocido

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La contienda electoral entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo llega a su inevitable final. Como todo apretado “empate” la definición tiene cuestionamientos a mesas específicas y a pocos miles de votos que quien asoma como derrotado trata de invocar para llegar a la victoria.

Castillo mantuvo la delantera aún luego del cómputo de votos de residentes en el extranjero y la OEA misma ha descartado “irregularidades graves”. Así, se torna poco factible que prospere la demanda de Fujimori para declarar la nulidad de unos 200.000 votos.

En general se da por sentado que Castillo se terminaría alzando con la victoria, pero falta, naturalmente, la confirmación oficial final, para los pasos que lleven a la entrega del mando del presidente Francisco Sagasti, que desde el viernes viene rechazando las denuncias de fraude electoral.

Los mercados desde la semana pasada vienen descontando el triunfo de Castillo y la formación de expectativas no tiene en cuenta (salvo una inesperada sorpresa en el recuento de los últimos votos) una reversión del resultado que asoma como el más factible.

En caso de confirmarse el desenlace esperado, Castillo enfrentará un panorama nada fácil para aplicar sus propuestas dirigistas y estatistas, que van desde una fuerte redistribución populista de ingresos de shock (vía regulaciones y fuerte aumento de la presión tributaria, sobre todo en las actividades mineras) hasta una reforma constitucional que aspiraría a eliminar la plena garantía del derecho de propiedad privada.

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La nueva composición del Congreso torna inevitable un balance de fuerzas todavía incierto a la hora de formar alianzas para votar a favor o en contra de proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo. Sobre un total de 130 legisladores, “Perú Libre” de Castillo contará con 30 legisladores, pero “Fuerza Popular” de Fujimori aumentó en los comicios de abril el número de representantes de 14 a 24. Luego le siguen el partido tradicional de centroderecha Acción Popular, con 16 legisladores; el conservador Alianza para el Progreso con 15 escaños y el partido de derecha Renovación Popular con 13 bancas.

En caso de unirse estas cuatro fuerzas, sumarían 68 bancas. En el mejor de los casos la unión (no segura) de todos con Fuerza Popular sumaría 62 votos (47,7% del total de escaños) que en caso de alta disgregación del resto podría permitirle aprobar leyes ordinarias, pero no le alcanza para la mitad más uno requerida para censurar ministros, pedir juicios políticos, o sancionar o modificar leyes orgánicas. Obviamente se queda más lejos de la mayoría de 2/3 (87 votos) requeridos para elegir los miembros del Tribunal Constitucional o promover y lograr una reforma constitucional sin llamado previo a un referéndum popular.

Con esa realidad, y ante la caída inicial de los mercados el lunes pasado, los referentes económicos de Castillo trataron de calmar las aguas, sosteniendo que respetarán la independencia del Banco Central de Reserva (la autoridad monetaria) y que no instrumentarían confiscaciones, estatizaciones, controles de precios ni al comercio exterior.

Esto ha tranquilizado parcialmente a algunos inversores locales y del exterior, quienes igual mantienen sus inevitables dudas sobre si Castillo, en caso de ser presidente, va a respetar los fundamentos de una economía de mercado y los derechos de propiedad privada o no. En breve, si va a ser un Gobierno más en línea con la experiencia de Lula en Brasil o Evo Morales en Bolivia, que con el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela.

Sea como sea, no se la va a ver fácil, ni para lograr consensos mínimos, ni para afrontar la realidad económica con heterodoxias extremistas. La agenda económico-social de corto plazo le plantea desafíos ineludibles en materia de baja institucionalidad y credibilidad en los políticos peruanos, alto porcentaje de la población económica activa en la informalidad (aproximadamente el 70%), una reforma profunda de los mecanismos de control del Estado incluyendo al poder judicial, considerado también como altamente propenso a permitir hechos de corrupción, y atado a todo esto, deficiencias serias en la provisión de servicios públicos, programas de empleo y de asistencia social, y asignación y ejecución de obras de infraestructura.

Por ahora, los mercados se mantienen expectantes, pero si algo parece asomar con cierta claridad, es que probablemente la realidad obligue rápidamente al ganador a enfrentar esta realidad sin dogmatismos ideológicos extremos y con bastante prudencia y transparencia.

El escenario no es nada fácil: una pandemia que debe controlarse cuanto antes, una recesión que está agotando la paciencia de la población, un congreso fragmentado que forzará a consensos y acuerdos amigables y sostenibles, y detrás de ello, el mencionado trípode inmodificable de inmediato, de corrupción, Estado ineficiente y alta informalidad.

Si el nuevo Gobierno no enfrenta esta realidad con un mínimo de realismo, podrá caer, o bien en la tentación de un autoritarismo insostenible, o en el facilismo de ceder a lo incentivos y facilidades para las corruptelas de los últimos años. Cualquiera sea el que gane, para superar este escenario no podrá, ni por asomo, gobernar peleándose contra todos. El ballotage es bien claro: al menos a la mitad de los votantes los tiene en contra, y esto refleja un estado de ánimo que no va a cambiar fácilmente en los próximos meses.

(*) Economista de la Universidad del Salvador (USAL)