Otra demanda millonaria: por la expropiación de Aerolíneas

La Argentina sumó una demanda en los tribunales de Nueva York. La presentó el fondo de inversión Titan Consortium, que reclama el pago de U$S 327 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, dispuesta en 2008 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El caso es que el consorcio demandante obtuvo en 2019 una sentencia firme favorable por ese monto en el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, pero la Argentina nunca pagó.

Y como no existen más instancias para recurrir dentro de éste tribunal internacional, ahora el fondo recurrió directamente la justicia de los Estados Unidos.

El Gobierno de Alberto Fernández tendría ahora 2 meses para responder la demanda judicial aunque no descartan que un juez neoyorquino decida acelerar los pasos y apure la fecha del descargo.

Mientras, el abogado Sebastián Maril, director de Latam Advisors, le dijo al portal Infobae que es probable que puedan aparecer medidas de embargo contra activos argentinos, tal como ocurrió en las negociaciones con los “fondos buitres” por el default de la deuda pública.

El CIADI dictó su primera sentencia en contra de la Argentina en 2017, en ese entonces en favor del grupo español Marsans, considerando que el Gobierno no le había pagado lo correspondiente por la línea aérea de bandera. “El demandado (la Argentina) incumplió el artículo IV del tratado al no haber entregado a las demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones”, dijo el CIADI.

En su sentencia, el tribunal adujo “medidas injustificadas al interferir con los derechos de los demandantes respecto de sus inversiones”.

A su vez, sostuvo que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner “expropió ilegalmente las inversiones” en cuestión.

Además de los más de 320 millones, el CIADI impuso al país un pago de otros 23,76 millones de dólares, más intereses, en concepto de compensación por los daños causados por la expropiación, y otros 3,5 millones más para cubrir los costos legales del demandante.

La Argentina pidió la anulación de la sentencia. El juicio estaba en manos de Burford Capital, un estudio londinense dedicado a comprar demandas de esta clase. En 2018, con la sentencia a su favor por U$S 320 millones, Burford decidió venderlo a Titan Consortium por U$S 107 millones, dado que sabía que el país continuaría apelando. La operación, explicó Maril, tenía un put a su favor: si alguna apelación era favorable a la Argentina, podría deshacer la operación.

Esta demanda se sumaría a los tres juicios que están abiertos contra nuestro país en las cortes de Nueva York: el de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que estaban en manos de Repsol, y que Burford Capital compró el derecho a litigar; el del cupón PBI, en el que un grupo de acreedores demanda al país por cambiar la base de cálculo del producto, que en la práctica reducía los números de crecimiento de la economía argentina; y la del remanente de holdouts que tienen deuda en default de la Argentina y nunca entraron a los canjes.