El centro de la Ciudad fue escenario de una movida callejera de un grupo “anti vacuna” que, a la posición general contra el dictamen de la ciencia, le agregó una protesta contra la decisión de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) de exigir ese tipo de inmunización contra el corona virus como condición para entrar a clases.

Este punto de la manifestación coincidió con el proceso de retorno, en estos días, al esquema de presencialidad, tras un año y medio de actividad virtual en los claustros.

“No queremos vacunarnos”, dijo una de las estudiantes que participó de la movida que llegó hasta la puerta del rectorado, en 7 entre 47 y 48. Luego, opinó que la vacuna “no tendría que ser obligatoria”, dijo.

“La Universidad propone que para volver a la presencialidad hay que vacunarse y no estamos de acuerdo. Nos parece injusto”, manifestó la joven, vocera del planteo del grupo.

Entre argumentos relacionados con los efectos de las vacunas, la manifestante fue más allá y hasta dudó sobre la pandemia: “a la vacuna la pondría entre paréntesis. Hubo algo de la COVID-19 que a mí nunca me cerró. No puede ser que haya una vacuna a medio año de iniciada la pandemia. A la gente no le dicen la verdad”, sostuvo y dijo que “la gente no lee y repite como loro”.

A principios de mes, el Consejo Superior de la UNLP aprobó una disposición que establece como requisito para la participación en cualquier actividad presencial en todas sus facultades y dependencias, contar con al menos una dosis de las vacunas autorizadas contra el coronavirus. Eso rige para los mayores de 18 años, exceptuando a los alumnos de los colegios preuniversitarios.

La norma aprobada señala que “resultará requisito para la participación en cualquier actividad presencial en todo el ámbito de la UNLP la acreditación del transcurso de 21 días corridos desde la inoculación de la primera dosis de alguna de las vacunas autorizadas para generar inmunidad adquirida contra el covid-19”.

La iniciativa fue impulsada en virtud “de la necesidad de seguir incorporando, de manera paulatina, mayor cantidad de actividades presenciales, tanto en el ámbito administrativo como académico”.

La disposición prevé que “el servicio de salud de la Universidad recibirá, considerará y resolverá las solicitudes de habilitación especial -de quienes no se han vacunado-que se justifiquen en motivos médicos debidamente acreditados, emitiendo las constancias que correspondan”.

En tanto, si no es por cuestiones médicas, “el servicio de salud remitirá la cuestión a una Comisión ad hoc”.

En los casos en que la Comisión rechace por infundada una solicitud de habilitación especial, la disposición establece que “si la actuación presencial fuera igualmente necesaria para asegurar el normal desenvolvimiento de las funciones universitarias, el interesado deberá acreditar semanalmente ante el servicio de salud un test negativo de virus SARS-CoV-2. Entre los fundamentos se destaca que “corresponde a la Universidad adoptar en su ámbito, y en ejercicio de su autonomía, los estándares más altos de protección” y “tender a que la totalidad de la comunidad universitaria haya al menos avanzado en el esquema de vacunación”.