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Argentina versus el FMI (y la opción de no pagar)

Argentina versus el FMI (y la opción de no pagar)

Por: Héctor Rubini

12 de Enero de 2022 | 01:51
Edición impresa

eleconomista.com.ar

Hace casi un mes y medio, Kristalina Georgieva sostuvo que hay mucho por hacer antes del logro de un acuerdo entre el FMI y el Gobierno de Argentina. La pelota está en el campo de este último y el escenario lejos está del que se sugería hasta un par de meses atrás. El presidente Alberto Fernández anunció en noviembre un programa económico plurianual que brilla por su inexistencia.

La priorización de la campaña electoral hizo que los estrategas del oficialismo optaran por “cajonear” el proyecto de ley de Presupuesto 2022, ya cuestionado por Máximo Kirchner, para postergar su debate para después del 10 de diciembre pasado.

Se apostaba a una cómoda victoria de medio término, que fue una derrota: el kirchnerismo perdió el control de la Cámara baja y también la votación del Presupuesto 2022. El Gobierno arranca el año aplicando, con adaptaciones sobre la marcha, el Presupuesto del año pasado, pero con un profundo desacuerdo con la oposición respecto de la política fiscal y de varias otras.

Esto lo dejó mal parado frente al FMI que desea que la eventual reestructuración de pagos sea políticamente sostenible hasta el final: si se habla de 10 años involucrará 3 futuros presidentes, varios de los cuales están ya preparándose para la campaña para 2023. Y nada indica que el kirchnerismo tenga asegurada tres reelecciones consecutivas para la próxima década.

El diálogo con la oposición no está cortado pero esta última, al igual que el FMI, quiere ver (de mínima) algún borrador de algo calificable como programa económico: definición clara de objetivos y su orden de prelación, de metas numéricas y fechas para su logro, instrumentos, secuencia de implementación, y definición precisa del cómo hacerlo.

Esto es, un documento que especifique con proyecciones y escenarios creíbles y realistas: a) si se seguirá con el actual intervencionismo estatal sobre precios y cantidades de buena parte de la economía, b) cómo continuará el actual sistema de subsidios, gastos sociales y transferencias discrecionales, c) qué se hará con la política monetaria y en particular con el déficit cuasifiscal del BCRA, d) cómo se logrará recuperar competitividad y la capacidad de generar dólares para cancelar pagos a ser reprogramados.

Todo esto exige definir trayectorias futuras no sólo de recaudación tributaria, gasto público, deuda interna y externa, y variables monetarias y cambiarias, sino de precios relativos clave como las tasas de interés reales (activas y pasivas), el tipo de cambio real, el salario real y la relación tarifas públicas versus el resto de los precios.

Es más que claro que, aun bajo los controles de cambios y de capitales más duros de los últimos 60 o 70 años, el “modelo” mercadointernista en curso ha dejado al BCRA casi sin reservas líquidas y no asegura capacidad de generación de divisas para pagar lo adeudado al FMI.

A favor de Argentina legisladores demócratas de EE UU pidieron a Yellen que respalde la revisión de sobrecargos ante el FMI.

Seguir con el mismo enfoque, sin reformar nada, indica falta de voluntad de repago, no falta de capacidad. Una propuesta viable y creíble exige la creación de condiciones para crecer y por no menos de 5% o 7% por año, durante una década o más, con superávit fiscal y de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y esto requiere, de mínima, una tasa de inversión que no baje del 22%-25% del PIB, que a su vez sólo es factible bajo un mínimo de seguridades jurídicas, que lejos están del espíritu y la práctica de las políticas aplicadas en los últimos dos años. Sin consenso interno y externo, el equipo económico podría sortear el largo camino hasta diciembre de 2023 con acuerdos parciales e incumplimientos permanentes. Pero claramente quedaría fuera de préstamos de organismos multilaterales, y de garantías oficiales a préstamos de varios países, incluso de los acreedores por lo adeudado al Club de París.

Por otro lado, algunos reveses han sido más que visibles en las últimas semanas. El informe del FMI de autoevaluación del crédito Stand By para Argentina de 2018 sostiene que su otorgamiento fue acorde a las políticas y procedimientos del organismo. Esto dejó en el aire a las declaraciones de Martín Guzmán ante medios locales, reclamando “una evaluación seria sobre si se cumplió con el estatuto del FMI”.

Por otro lado, el organismo decidió mantener sin cambios los sobrecargos que cobra a países que se atrasan en cancelar los pagos adeudados al organismo. Otro fracaso de la prédica de Guzmán que no logró su eliminación al menos parcial. Por lo tanto a nuestro país se seguirá aplicando (desde noviembre) una tasa de 4,05% anual, bastante mayor a la tasa básica cercana a cero, pero muy inferior a la que los mercados exigen a los bonos del Gobierno Nacional, con una sobretasa por riesgo país en torno de 1.800 puntos básicos.

Sin un programa específico de estabilización, crecimiento y liberación de mercados (gradual o no), el oficialismo no tiene qué proponer a opositores ni al FMI. En estas circunstancias, es muy poco probable el cierre de un acuerdo antes del primer gran vencimiento (poco más de U$S 2.300 millones) a abonar al FMI para el próximo 22 de marzo.

El ruido político de un evento así no va a pasar desapercibido. Y ya en los considerandos del Decreto de Necesidad y Urgencia N°421/2021 (del 25/06/21) sobre los pagos al Club de París se leía lo siguiente: “Se ha arribado a un entendimiento con el Club de París en el convencimiento de que nuestro país hará sus mejores esfuerzos para acordar un nuevo Programa con el FMI que resulte sostenible e inclusivo para el bienestar de todos los argentinos y todas las argentinas, proceso que no debiera extenderse más allá del 31 de marzo de 2022”.

Sin acuerdo con el FMI antes del 31 de marzo, y sin dólares en el BCRA para abonar los vencimientos de 2022, será inevitable buscar cierta ayuda externa no onerosa de los países desarrollados. Algo que lejos está de alcanzarse si se persiste con el alineamiento con China, Rusia y los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En suma, el panorama a futuro es hoy incierto. La experiencia de algunos países y algunas aplicaciones de teoría económica básica permiten entender (pero no necesariamente justificar) el atractivo que para el ala extrema del Gobierne tiene cualquier forma de “tour de force” contra el FMI mientras se incurre en un default de facto hasta fin de 2023. La próxima nota abordará algunas implicancias de esa temeraria (y nada improbable) estrategia, cuyos potenciales daños a futuro pueden ser comparables a los de algunas de las peores crisis financieras y cambiarias padecidas por nuestro país en el último siglo y medio.

*Economista de la Universidad del Salvador (USAL)

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