Se vienen horas frenéticas para las negociaciones entre el Fondo Monterio Internacional (FMI) y la Argentina, que con una diferencia de cuatro días deberá afrontar dos pagos por unos 1.100 millones de dólares ante el organismo multilateral de crédito. El primero, por 731 millones de dólares, vence el próximo viernes y hasta ayer circulaban las versiones sobre una posible moratoria del Gobierno para aplazar esa obligación. Más difusa era la estrategia a seguir para el 1º de febrero, cuando el país debería desembolsar otros 372 millones de dólares por capitales e intereses, previos a la deuda en torno a los 3.000 millones de dólares que tendría que cancelar el 22 de marzo.

El camino hasta allí, como cantaban Los Beatles, se adivina largo y sinuoso. El dólar se dispara a una velocidad histórica y las reservas netas, dicen los economistas, están en el nivel más bajo desde mayo de 2016.

Por eso, el Gobierno no confirmaba todavía si pagará o no el viernes.

“Todos sabemos que Argentina ha decidido pagar hasta que se llegue a un acuerdo, pero estamos arribando a un momento muy importante de esas negociaciones y todo se mide paso a paso, día a día”, dijo la semana pasada Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial y única figura oficial en tocar el tema en público.

“Es imposible saber si se va a postergar. Si es por las reservas, el pago de febrero hasta ahora se puede afrontar rascando el fondo de la olla, ahora el de marzo, no”, reconocieron cerca del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien cree que el Banco Central aún cuenta con margen para cumplir con el compromiso más inminente y busca despejar dudas sobre un posible atraso.

Lo cierto es que mientras la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, exige acelerar el ritmo del ajuste fiscal, Alberto Fernández (y su ministro de Economía, Martín Guzmán) rechaza una reducción brusca del gasto público y se muestra reticente a aceptar un programa que afecte la recuperación económica.

Las diferencias son profundas, sobre todo en lo que respecta a las metas de déficit para 2023, en el marco de la negociación por los 44.000 millones de dólares que deuda que contrajo Mauricio Macri cuando Donald Trump era el inquilino de la Casa Blanca.

Por eso, de mantenerse el contrapunto hasta el viernes 28 de enero, Alberto Fernández analiza una moratoria unilateral para evitar el pago de 731 millones de dólares.

Aunque en términos técnicos no podría hablarse de un default, una decisión de este tipo se consideraría como un “atraso” y tensaría todavía más la relación con el Fondo, sin contar las consecuencias políticas y económicas para el país. Un costo que, cuentan en la Rosada, el Presidente estaría dispuesto a asumir.

El Jefe de Estado entiende que si paga el viernes, sin que haya prosperado un acuerdo, llegará al 22 de marzo con una deuda a cancelar de 3.000 millones de dólares y poco margen para negociar.

Es que a los inminentes 731 millones de dólares que vencen el 28 de enero, se le suman este mes los 68 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 17 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), más otras deudas por 45 millones de dólares. En febrero, en tanto, además de los 372 millones de dólares que corresponden al FMI, se le agregan 50 millones de dólares con el BID, 4 millones de dólares para el BIRF, 195 millones dólares del Club de París y 107 millones de dólares para “otros pagos”.

En un contexto de reservas flacas -y si encima se “queman” para cumplir con cada vencimiento- será difícil que el país pueda desembolsar los 3.000 millones de dólares que le exige el Fondo para marzo.

La moratoria unilateral para aplazar el pago del viernes es la última carta que quiere mostrar el Presidente pero, aseguran en su entorno, la jugará en caso de no llegar a un acuerdo. La posición presidencial, que tendría el aval de Cristina Kirchner, incluso fue anticipada por el canciller Santiago Cafiero a secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, durante su corta gira por Washington la semana pasada. Los funcionarios estadounidenses solo le prometieron a Cafiero que ayudarían a facilitar las negociaciones de la Argentina con el FMI, pero sus buenas intenciones chocaron con los viajes que Alberto Fernández programó a Rusia y China y que Biden sigue con cautela.

De no pagar el viernes, la Argentina, como se dijo, no entraría en default. Pero una moratoria podría generar nuevos cortocircuitos con Washington y repercutir en la realidad político-económica del país.