La Constitución, las leyes vigentes y el sano uso de la libertad no impiden que puedan formularse expresiones opuestas a determinados fallos de la Corte Suprema de Justicia nacional. Criticar alguna sentencia del máximo tribunal, o de los organismos judiciales inferiores, forma parte, en cambio, del sano ejercicio que permite la vida institucional de nuestro país. Sin embargo, esas necesarias actitudes críticas no pueden confundirse con los dichos de quienes ya han manifestado sus intenciones de lograr una reforma de la Justicia que hasta determine la elección de los magistrados por voto popular, porque eso significaría implantar un nuevo sistema político institucional ya que la democracia exige el contralor de las decisiones aún de mayorías que siempre son circunstanciales.

En las últimas semanas se intensificaron las expresiones destinadas a intentar la descalificación de la Corte Suprema de Justicia. Algunas fueron proferidas por los más altos funcionarios del ministerio de Justicia, mientras que se organiza una “marcha contra la Corte” y desde algunos medios de comunicación se repiten acusaciones a los Ministros de la Corte de participar en conspiraciones sin ninguna prueba. Lo grave es que el titular del Poder Ejecutivo de la Nación ratificó alguno de esos dichos.

Según se informó, sectores del oficialismo salieron al cruce de un reciente fallo de la Corte que declaró inconstitucional la actual composición del Consejo de la Magistratura. Desde altos cargos del Ejecutivo, entre ellos de parte del viceministro de Justicia, se aseguró que el máximo tribunal “pone en riesgo al sistema republicano” al arrogarse facultades que serían del Poder Legislativo, relativizando la función revisora de la Corte en todos los litigios en que se dirima la constitucionalidad o no de una ley. Esto es, quedaría neutralizada la función esencial de contralor, que es propia de la Justicia.

El normal funcionamiento de las instituciones durante casi cuarenta años ha permitido que la integración de la Corte no sea producto de la decisión de un líder omnipotente. Los actuales integrantes de la Corte fueron propuestos por tres presidentes con posiciones contradictorias y designados en distintos períodos de sesiones por el Senado cumpliendo con el requerimiento del voto de los dos tercios de los representantes de las provincias. Esas son condiciones fundamentales y el cumplimiento de las mismas garantiza la independencia del más alto Tribunal de la Nación.

Sin desmedro de las cualidades personales de los cuatro ministros de la Corte el sistema pergeñado en la Constitución Nacional para la integración del máximo tribunal de Justicia debe ser respetado. Por eso corresponde rechazar las críticas personales de altos funcionarios del gobierno nacional como los proyectos que modifiquen la composición de la Corte o la división de la misma en salas. Cualquiera de esas alternativas sería un duro golpe que terminaría con la vigencia del sistema democrático de la Argentina.

La independencia del Poder Judicial que está Corte Suprema trata de apuntalar es fundamental para garantizar el respeto de los derechos de todos los habitantes y hasta de generar la seguridad jurídica que exigen argentinos y extranjeros para invertir en el país.