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Movimientos sociales realizaron un nuevo reclamo en la 9 de julio frente al avance de la inflación / AFP
Emiliano Russo
efrusso@eldia.com
La suba del salario mínimo, la tercera en lo que va del año, expone hasta dónde se torna incontrolable el fenómeno inflacionario: el Gobierno tuvo que convocar a representantes de gremios y cámaras patronales para insuflar aire a este indicador, que también se utiliza para calcular los montos de los planes y beneficios sociales, salarios de trabajadores informales y las jubilaciones más bajas. Pero el nuevo ajuste del 20 por ciento, que estará dividido en cuatro tramos, no alcanzaría para cubrir el impacto en el sector de la suba de precios que se espera hasta fin de año.
El acuerdo fue el resultado de la emergencia: desde julio pasado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) supera el 6 por ciento mensual.
Sin anclas inflacionarias a la vista y con la presión del kirchnerismo por implementar el pago de sumas fijas a trabajadores y otros mecanismos que permitan evitar un mayor derrumbe del consumo, el Gobierno busca dar señales de estar comprometido en la mejora en los ingresos de las familias. Es en ese contexto que el pasado lunes se reforzó el monto de la Tarjeta Alimentar y ayer se informó la suba del salario mínimo que recién en marzo alcanzará los $69.500.
Al igual que lo ocurrido durante la pandemia, la reunión del Consejo del Salario fue virtual: la convocó la ministra de Trabajo, “Kelly” Olmos, y el entendimiento fue aprobado con 31 votos positivos y sólo un rechazo, el del representante de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, que había pedido un 47 por ciento de recomposición. “Después del resultado de la Selección, hay que ocuparse de la inflación”, bromeaban desde temprano en Trabajo aludiendo a la polémica que se había suscitado la semana pasada con la titular de la cartera laboral, cuando tuvo que disculparse luego de admitir en televisión que prefería que Argentina ganara el Mundial a que aminorara la suba de precios durante las semanas en las que realizaría la máxima competencia del fútbol mundial.
Pero en Casa Rosada forzaron una posterior foto política: convocaron a la mayoría de los delegados y a la ministra a una reunión con Alberto Fernández y el ministro Sergio Massa (Economía). Fue tal el nivel de improvisación que personal de ceremonial tuvo que pedir prestado “dos hojas A4” a la sala de Periodistas para que todos los presentes pudieran rubricar el entendimiento. Normalmente, la actualización del salario mínimo se oficializa vía una resolución de Trabajo en el Boletín Oficial.
La intención del oficialismo fue mostrarse proactivo ante un fenómeno que condiciona a la actual administración y siembra el pesimismo en los estrategas que deben pensar la campaña electoral de 2023. Si bien en marzo la suba del salario mínimo alcanzaría el 110,5 por ciento, antes de fin de año no alcanzaría a compensar la pérdida de poder adquisitivo del corriente.
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Para Luis Campos, del Observatorio de la Deuda Social de la CTA, en diciembre el ajuste llegaría al 93,6 por ciento contra un IPC proyectado de casi el 100 por ciento. Además, el especialista observó que en términos reales este indicador se ubica un 15,9 por ciento abajo del nivel registrado durante fines de 2019.
La explicación parecería simple: con estos niveles de inflación, no se alcanza a compensar la pérdida en el poder adquisitivo con ajustes trimestrales o cuatrimestrales tanto en las paritarias o en este ingreso que es tomado para calcular el salario social complementario (del Potenciar Trabajo), la paritaria nacional docente o el haber mínimo jubilatorio, por caso.
En la reunión plenaria llevada a cabo ayer se aprobó un aumento del 20 por ciento dividido en las siguientes cuotas: 7 por ciento en diciembre, 6 por ciento en enero, 4 por ciento en febrero y 3 por ciento en marzo. Lo cierto es que el nuevo incremento se suma a los montos alcanzados en los consejos realizados en marzo y agosto de este año, y es acumulativo respecto de los $57.900 de noviembre. En Trabajo deslizaron que habrá “revisión” del entendimiento en febrero próximo. Pero una calificada fuente gremial aclaró que eso no se oficializó en el acuerdo y que fue la propia Olmos la que “dio su palabra” si llegara a producirse “un desbarajuste con los precios” en los próximos meses que, nuevamente, echaran por tierra las expectativas de reducción inflacionaria que propalan desde el Palacio de Hacienda.
Al anochecer, en conferencia de prensa, mostró un tono “voluntarista” respecto al cumplimiento del esquema de caída de la inflación que avizoran en Economía. También evitó chocar con el kirchnerismo al asegurar que la suma fijas que hoy rechaza el Ejecutivo “no son inflacionarias”.
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