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Los locales que incumplen con la norma podrían tener sanciones de hasta 2 millones de pesos
El Concejo Deliberante local sancionó en su última sesión una modificación a la ordenanza que obliga a los comercios de la Ciudad a instalar cámaras de seguridad. El cambio apunta fundamentalmente al incremento en las multas ante el incumplimiento de la norma, que pasarán a costar desde 108.500 pesos, hasta 2.169.360.
Se trata de la ordenanza 11.623, sancionada en 2018, que establece la obligatoriedad a supermercados bancos, boliches y otros comercios a instalar cámaras de seguridad que apunten a la vía pública, y dejarlas funcionando de manera permanente, a fin de aportar información a la red de cámaras del Centro de Monitoreo Municipal (COM), y, de esa manera, favorecer la prevención del delito en la vía pública.
El proyecto fue impulsado por el presidente del Concejo Deliberante, Darío Ganduglia, y contempla, además, que frente al incumplimiento de la iniciativa por parte de los locales comerciales se aplique también la pena de clausura.
Los fundamentos del expediente advierten sobre la necesidad de endurecer estas penas frente al incumplimiento de la norma por parte de los comercios. Por eso, impone sanciones de carácter pecuniario que van desde los 200 a los 4.000 módulos, lo que implica entre 108.500 y 2.169.360 pesos, además de la posibilidad de impartir la clausura del local infractor.
Como viene publicando este diario, la obligación para los comercios de instalar cámaras de seguridad se sancionó como una ordenanza en 2018. Pero desde entonces la aplicación de la norma reviste de un importante incumplimiento.
Es por eso que el presidente del Concejo platense, quien fuera secretario de Seguridad de la Comuna, Darío Ganduglia, impulsa una iniciativa en el deliberativo que prevé la suba de las sanciones para quienes incumplan este deber.
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Se trata de supermercados, bancos, discotecas y otros comercios, que deben instalar un artefacto de monitoreo que dé a la vía pública y sumarlo a la red de monitoreo general de la Municipalidad. La idea es disuadir del delito en la vía pública en la mayor medida posible.
Si bien la ordenanza vigente, la 11.623, establece sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento, de aprobarse las modificaciones las multas pasarían a costar entre 108.500 pesos a 2.169.360. Quien determina el monto exacto en caso de infracción es el juez de Faltas que analiza cada caso.
La autoridad también tendría la facultad de impartir como pena la clausura del local que incumpla con la norma.
También se prevén sanciones a quienes adulteren las imágenes captadas por las cámaras, ante hechos delictivos. Los locales alcanzados por esta norma son aquellos cuya superficie supera los 1.800 metros cuadrados, independientemente del rubro que comprenden.
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