El Presidente y otra embestida contra la Justicia por un fallo

El presidente Alberto Fernández cargó ayer contra la Justicia tras la excarcelación de los cuatro detenidos en el marco de una causa en la que se investigan delitos de incitación a la violencia y amenazas a políticos, entre ellos, a la vicepresidenta Cristina Fernández.

“Pareciera que, lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación”, aseveró el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.

La Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó ayer excarcelar a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, miembros del grupo Revolución Federal -conocido por sus escraches contra el Gobierno y amenazas a la vicepresidenta-, que habían sido arrestados por decisión de un tribunal inferior, el 20 de octubre.

La resolución que ordena su liberación detalló que “no existen riesgos procesales” que permitan mantener su privación de libertad, y reiteró que “no se verifica –de momento- la existencia de elementos objetivos” que permitan conectar esta investigación con la del atentado que sufrió la vicepresidenta hace dos meses.

En ese sentido, el Presidente criticó que dos miembros del tribunal que dictó la medida, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, “ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución”, algo motivado, en su opinión, por una “maniobra ilegal” del ex presidente Mauricio Macri.

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“Solo una maniobra ilegal (que es un secreto a voces) del ex presidente Mauricio Macri, que ordena a los consejeros de la Magistratura que le responden bloquear el concurso para designar a quienes deberán ocupar legítimamente las vacantes que hoy usurpan los jueces citados, hace posible esta arbitrariedad”, afirmó el jefe de Estado.

“La Corte Suprema debe intervenir para hacer cumplir su propio fallo. Ojalá tenga la misma celeridad que tuvo para imponer a su presidente al frente del Consejo de la Magistratura”, agregó el mandatario, en referencia al órgano que administra los recursos del Poder Judicial y se encarga de nombrar, sancionar y remover jueces en Argentina.

En ese marco, el ministro de Justicia, Martín Soria, también criticó las excarcelaciones, al considerar que “legitima la violencia política”.

“El mensaje que están dando con estos fallos es claro y muy peligroso. Le están diciendo a la gente que la violencia política, las amenazas y el amedrentamiento contra figuras políticas, sobre todo si son peronistas, van a estar legitimados. Es un mensaje tremendo”, afirmó Soria.

En opinión del ministro de Justicia, los integrantes de la Cámara Criminal y Correccional Federal (Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens) “están impidiendo que toda la sociedad argentina conozca la verdad” sobre uno de los hechos “más graves” en la historia democrática del país.

“Estos jueces están llevando adelante un plan sistemático de impunidad, no solamente para los autores materiales del atentado, sino también para frenar la investigación y que no se llegue a los verdaderos responsables, a los autores intelectuales”, aseveró Soria, para agregar que estos tres jueces fueron “puestos a dedo inconstitucionalmente” por el ex presidente Macri.

En septiembre pasado, días después de que la también ex presidenta saliera ilesa de un ataque por el que hay tres arrestados, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentó ante la Justicia un audio de una transmisión en Twitter previa al ataque, en el que Jonathan Morel jugaba con la idea de infiltrarse entre seguidores de Fernández para hacerla pasar a la “historia”.

Esa denuncia de la AFI derivó en el desarrollo de una causa judicial -diferente a la que investiga el atentado-, en la que fue aceptada como querellante la vicepresidenta.

LIBERTADES

La libertad se dispuso para Jonathan Morel, Sabrina Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, que habían sido arrestados por pedido del fiscal Gerardo Pollicita y orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi. El tribunal le indicó dictar medidas de sujeción al proceso, “siempre procurando que su imposición no torne ilusorio el derecho concedido”. Según indicaron en tribunales, entre esas medidas puede aparecer desde una caución real (fianza) o juratoria (la libertad bajo juramento) hasta una tobillera electrónica o la retención de pasaporte.

En el caso se investigan las actividades de Revolución Federal. El fiscal imputó a cuatro integrantes del grupo por incitación a la violencia colectiva. Según planteó, las pruebas permiten tener “por corroborada la actividad desplegada por Jonathan Morel y Leonardo Sosa, quienes organizaron una agrupación de la que luego tomaron parte Gastón Guerra y Sabrina Basile —entre otras personas aún no identificadas—, y desde la cual llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”. A Morel y Sosa les sindicó un rol de organizadores y a Guerra y Basile como partícipes.