Larreta pisó a fondo: pese al anuncio del Presidente, lo denunció ante la Corte

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dejó pasar los tres días hábiles desde la notificación por parte de la Corte Suprema al Poder Ejecutivo nacional sobre el 2,95% que debía comenzar a girar al Gobierno porteño en concepto de fondos coparticipables y el Procurador General de la Ciudad acudió al máximo tribunal para denunciar el incumplimiento del fallo.

La presentación se formuló a pesar del anuncio del Presidente Fernández, quien sostuvo en el mediodía de hoy desde sus redes sociales que pagará con bonos el dinero que corresponde restituirle a la Ciudad en el marco del porcentaje fijado por la Corte.

Pero esto no importó mucho en las oficinas ejecutivas de CABA y en un comunicado, se dejó en claro que rechaza la aún informal propuesta de los bonos: "Los recursos de la coparticipación son extrapresupuestarios, se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento. Tal como lo establecen las normas republicanas en un país con división de poderes los fallos se cumplen, no se interpretan".

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A través del fallo de la Corte Suprema se ordenó que el Poder Ejecutivo Nacional le entregue a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (la Ciudad pide el 3,5% como reclamo de fondo), contra el 1,4% actual.

El fallo que la Casa Rosada resolvió no acatar, conduciendo al Gobierno a una situación turbulenta, indicaba que las transferencias debían realizarse "en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina". Se trata de unos $ 600 millones extra por día respecto de lo que recibe actualmente la Ciudad.

Sin embargo, la resolución no fue obedecida por las autoridades del Poder Ejecutivo, considerando que el planteo era de "imposible incumplimiento". En paralelo, Alberto Fernández decidió impulsar la recusación de los ministros de la Corte, junto con un pedido de revocatoria del fallo desobedecido.

Retrotrayéndose  de la decisión de no acatar la decisión de la Corte, Alberto Fernandez informó este lunes que se utilizarán bonos TX31 y se los "pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos", precisó el mandatario. Esta decisión generó un enorme malestar en el ala dura del kirchnerismo.

Sin embargo, Horacio Rodríguez Larreta acudió a la Corte porque al día de la fecha siguen sin percibir el monto determinado por el máximo tribunal. Junto con la presentación donde informan sobre el incumplimiento por parte del Gobierno, se instruyó a la Procuración General "para que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de no acatar el fallo", sostiene el comunicado oficial. También se dejó en claro que se reclama el efectivo y no los bonos.

Hoy se pudo ver en Comodoro Py las denuncias penales formuladas contra Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, por el delito de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionarios público, se unificaron y la investigación se encuentra a cargo del fiscal federal Ramiro González.

Con la disputa aún abierta y por lo visto, irresuelta,  el Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarlo, acudió por orden del jefe de Gobierno porteño a la Corte Suprema para denunciar el incumplimiento del fallo por parte de la Casa Rosada.

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en conocimiento al máximo tribunal "que la medida no se ha cumplido a la fecha" pero también "se hace conocer el hecho de que la sentencia fue notificada hace tres días y no fue cumplida, generando un perjuicio a las arcas de la Ciudad".

El jefe de Estado informó que dicha transferencia comprenderá, "en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes".

Frente a cómo proceda el Poder Ejecutivo en los próximos días, la Ciudad evalúa cómo seguir y qué más se pedirá en esta instancia de reclamo de cumplimiento del fallo ordenado por la máxima autoridad en materia jurídica.

Las medidas iniciales que se contemplan y que podrían derivar en un pedido puntual ante el máximo tribunal de Justicia, es que se proceda al embargo de los fondos correspondientes que se deben girar a las arcas porteñas. El reclamo está contemplado en el marco de este tipo de juicios.

Dentro de la batería de medidas que se contemplan en estos juicios de ejecución, el Gobierno de la Ciudad no descarta además incluir un pedido de multas que se apliquen a los funcionarios que por orden de Alberto Fernández, decidieron desoír el fallo de la Corte Suprema. El fallo de la Corte incluye al Ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; y al de Economía, que encabeza Sergio Massa.