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Mariano Pérez de Eulate
mpeulate@eldia.com
Con un tono calmo, seguramente estudiado, Cristina Kirchner apareció en Avellaneda para bajar la línea discursiva que el oficialismo usará en clave electoral durante el proceso que culminará con los comicios del año próximo. Buscó mostrarse en una actitud opuesta a su última aparición, aquella postal colérica, indignada, en los minutos posteriores a que un tribunal la condenara a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Ratifica así la vicepresidenta su condición de líder del peronismo: su intervención había generado expectativa entre intendentes y gobernadores, a la espera de directivas.
Para los militantes y dirigentes que anhelaban una vuelta atrás sobre su promesa de no ser candidata a nada, no hubo novedades. Cristina volvió a explicar que tomó esa decisión, casi un sacrificio, para que el justicialismo no cargue en la campaña con el mote de tener una postulante condenada. Su situación judicial será apelada y falta muchísimo para que esa condena quede firme.
Pero dejó muy en claro hacia dónde deben sus feligreses rumbear la doctrina discursiva. Uno: ella no renunció a nada. “Renunciamiento hubo uno sólo, el de Evita”, dijo en referencia al paso al costado de la esposa de Perón, ya enferma, cuando le pedían que fuera su compañera de fórmula. Dos: fue una decisión meditada, no un reflejo en caliente por la condena. Tres: tampoco hubo “auto exclusión”, como ha expresado la prensa y la dirigencia de su partido.
Según su lógica, pues, hay una ”proscripción” contra ella. No es nuevo el concepto en el relato kirchnerista pero con estas aclaraciones la vice mandó la orden hacia abajo de que sólo se utilice ese concepto para definir su “no postulación”. Proscribir a alguien es echarlo de su territorio, de su patria, por causas políticas. Obviamente nadie está echando a Cristina de ningún lado, pero la idea sería instalar que no quieren que sea candidata.
Si hasta citó el decreto 4161 de marzo del 56, en el gobierno de Aramburu, con el que se prohibió difundir todo lo referido a Perón y al peronismo y se establecieron penas de 30 días a seis años de prisión para el que no lo cumplía. Desde ya que no hay parangones históricos con ese momento de la Argentina, pero debe tomarse la alusión como parte del combustible para insuflar mística a la militancia. Algo en lo que la vicepresidenta es especialista y una de las habilidades que la diferencian de Alberto Fernández, un hombre con claras deficiencias de carisma. Spoiler: se empezará a escuchar ahora que a Cristina la proscriben como al General.
Por cierto, y siempre según su discurso, para ella Kicillof es “Axel”, el ministro de Economía es “Sergio”, el intendente local Ferraresi es “Jorge” y Alberto es...“quien hoy es presidente”. Un iceberg sigue separando a la actual fórmula gobernante.
El otro aspecto discursivo que dejó en claro Cristina es la ratificación de que para el peronismo la estrategia debería ser aquella que los gobernadores le impusieron a Fernández cuando inicialmente lo persuadieron de desconocer el fallo de la Corte Suprema que le reconoció a la Ciudad de Buenos Aires una millonada en coparticipación de impuestos que le había sido quitada por el Ejecutivo. Traducido en términos coloquiales: se ha beneficiado a un distrito rico, en detrimento de otros más necesitados. Un lugar “pequeño” y rico recibe mucha plata y el resto, más grandes y pobres, reciben menos.
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Como ya había hecho Fernández, Cristina ayer subió al ring al jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que libra su propia pelea interna para ver si podrá ser candidato. No a Macri, no a Bullrich. A Larreta, al que ubicó como el enemigo deseable, el “Malo” porteño que se beneficia “indebidamente” de las provincias. Está claro que ganar en la CABA es considerado un resultado imposible para el oficialismo y tal vez se intuye que denunciar “opulencia” en el pago chico macrista genera beneficios políticos en otros distritos clave.
Es esa suerte de épica de la pelea del interior contra el puerto que pretenden revivir ahora los gobernadores del PJ rechazando el fallo reciente de la Corte Suprema por “antifederal”. Un fallo que, en verdad, no plantea sacarle coparticipación a ninguna provincia para dársela a la CABA, sino que intima al gobierno a que compense lo que en su momento efectivamente Fernández le sacó a la Ciudad -para redireccionarlo a Buenos Aires- con los fondos que le corresponden a la Nación de la masa coparticipable, no de lo que va a los distritos subnacionales.
Para Cristina, activada en modo campaña aún sin ser candidata, este fallo de los cortesanos -que es sólo una medida cautelar, porque la cuestión de fondo no fue resuelta- viene a ratificar que ese enemigo del pueblo bautizado como “Partido Judicial” hace desaparecer el Estado de Derecho. Que la suba de tarifas es culpa de los jueces, que no declaran a los servicios como bienes públicos, y no por años y años de atrasos y congelamientos.
Que la Corte hizo caso omiso a una ley, en referencia a la de diciembre de 2020 que plasmó aquel guadañazo unilateral a los fondos de CABA, aún cuando el máximo tribunal tiene competencia para estudiar su constitucionalidad. Y que todo esto es prueba de la existencia de un estado paralelo que comanda el Grupo Clarín, que le paga a magistrados viajes al sur.
Conceptualmente la puja con la Justicia no es nuevo en el mundillo kirchnerista pero, hay que reconocer, todos lo antes mencionado -condena a la vice, fallo por la “copa”, viajes misteriosos- le sirve al oficialismo para fortalecer dentro de su tropa los argumentos de defensa de este tipo de discurso electoral, para militar con el “bastón de mariscal” en la mano. Aún cuando tengan inexactitudes y sean objetivamente refutables.
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