Acuerdo con el FMI: las tarifas de la luz y el gas aumentarán más de lo esperado

Luego de largas y difíciles negociaciones, el Gobierno y el staff técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron ayer el cierre del acuerdo para refinanciar la deuda por 45.000 millones de dólares que tomó la administración de Mauricio Macri y que, entre sus pautas para reducir el déficit fiscal, incluye un aumento en las tarifas de energía en torno al 42 por ciento para la mayoría de los usuarios.

El acuerdo incluye un Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico, que serán puestos a consideración del Congreso a partir del lunes, cuando comience el debate en comisiones de la Cámara de Diputados. En tanto se prevé que el jueves el proyecto baje al recinto, donde podría toparse con la desaprobación de un sector del gobierno que responde a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien cuestiona abiertamente al FMI, y con una oposición que mirará al detalle su contenido para evitar el costo político de un ajuste a largo plazo.

Con la concreción del acuerdo dada a conocer por el Ministerio de Economía -y confirmada por el staff del FMI- concluyeron tratativas entre las dos partes que se remontan a 2020. Ese diálogo por momentos áspero incluyó frenéticas conversaciones que tuvieron lugar en las últimas semanas con vistas a definir la letra chica de los aspectos más conflictivos, entre ellos el que tiene que ver con la reducción de subsidios a la energía y la eventual suba de tarifas. Un ítem que además fue motivo de rispideces al interior del Frente de Todos, entre el tope de aumento del 20 por ciento que defendía La Cámpora y el incremento en torno al 40 por ciento que propuso el ministro de Economía, Martín Guzmán, que finalmente fue el que terminó prevaleciendo.

SEGMENTACIÓN EN TRES NIVELES

Al respecto, el Gobierno dijo en un extenso comunicado que “está determinado a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad”. En ese sentido, ratificó unasegmentación tarifaria dividida en tres niveles: usuarios de altos ingresos pagarán la tarifa plena (sin subsidios); para beneficiarios de la tarifa social, el incremento total será equivalente al 40 por ciento de aumento salarial del año anterior (lo que da una suba tarifaria del orden del 21 por ciento); mientras que el resto de los usuarios tendrán aumentos equivalentes al 80 por ciento del aumento salarial del año anterior (la suba promedio sería del 42 por ciento). Se trata de un esquema de aumentos cercano a los pedidos del FMI (que, en línea con expertos en energía, inicialmente reclamó subas del 60 por ciento) y se aleja de la pretensión kirchnerista del 20 por ciento.

Hace poco más de un mes, el 28 de enero, el Gobierno había anunciado un principio de entendimiento con el organismo para refinanciar el millonario otorgado en 2018 por 45.000 millones de dólares. Ayer, la cartera que conduce Guzmán -que lideró el tramo final de las tratativas junto al Presidente y hasta incluyó contactos directos con la directora del FMI, Kristalina Georgieva- informó que el acuerdo supone reemplazar el plan de 2018, conocido como Stand By, por un nuevo programa de Facilidades Extendidas durante dos años y medio que incluye diez revisiones por parte del organismo que se realizarán de manera trimestral.

Gracias al entendimiento logrado, el país recibirá desembolsos para hacer frente a los vencimientos del programa de 2018, que este año ascienden a 19.000 millones de dólares y en 2023 a 21.000 millones. Se estipuló además un periodo de gracia para el país de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar deuda a partir de 2026 y hasta 2034.

Según el gobierno, el acuerdo no supone un ajuste al no prever una reforma del sistema de jubilaciones ni del mercado laboral, pero sí contempla subas en las congeladas tarifas de luz y gas y una reducción gradual del déficit para llevarlo a cero en 2025.

LOS PASOS QUE FALTAN

El acuerdo, deberá ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI una vez que el Parlamento argentino lo avale. Su entrada en vigor debería ser antes del 21 de marzo, cuando la Argentina debe desembolsar 2.800 millones de dólares del préstamo original para los cuales no tiene fondos propios.

El acuerdo, según indicó el Fondo, contempla un “programa económico pragmático y realista’’ que permitirá ‘’fortalecer la estabilidad macroeconómica y atender los profundos desafíos que afronta Argentina”. Además, según agregó el organismo multilateral de crédito, se busca abordar de manera duradera la alta inflación persistente a través de, entre otros puntos, una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal. También, “se busca proporcionar a Argentina apoyo presupuestario y de balanza de pagos para abordar sus desafíos económicos y la implementación de medidas destinadas a promover el crecimiento y proteger los programas sociales”.