Pasan los años y en la Ciudad siguen los cementerios de autos frente a las comisarías

Hace tres décadas o más que en La Plata las autoridades provinciales con incumbencia en el tema no atinan a resolver el problema que plantean los autos arrumbados frente a las comisarías, que se dejan allí, abandonados por meses, ya sea junto a los cordones u ocupando las ramblas en los casos de sedes policiales ubicadas en avenidas.

Como se sabe, esta situación origina problemas de higiene, de seguridad y también de falta de estacionamiento en muchas cuadras, tal como lo reclamaron en los últimos días vecinos de la comisaría Octava en la zona de 7 y 74. Esos pobladores de Villa Elvira se quejaron por la gran cantidad de autos allí depositados y, entre otros de los problemas que mencionaron, estuvo en la de la pérdida de aceite y de combustibles por parte de esos vehículos.

El pedido formulado por los vecinos no es complejo, tan sólo solicitan que la zona convertida en un verdadero cementerio de automóviles sea despejada. Aluden a la gran cantidad de residuos que se junta alrededor o en el interior de esos autos, lo cual crea focos infecciosos y la presencia de roedores, entre otros de los problemas mencionados.

Cabe insistir que un panorama similar se presenta frente a la comisaría Novena, de 5 y 59, en la Segunda de plaza Olazábal y en la mayoría de todas las dependencias policiales ubicadas en el casco urbano y en la periferia platenses. Más allá, entonces, de soluciones puntuales, lo que está haciendo falta es un plan integral que libere a las comisarías de su función de “depósitos” de autos allí estacionados por orden judicial, por haber tomado parte en incidentes que abrieron causa en los Tribunales.

Entre algunos de los incontables anuncios que se formularon respecto a este asunto, en 2014 se había prometido el impulso de un operativo integral, en el sentido de retirar de los frentes de las comisarías los vehículos que permanecían depositados allí sometidos a procesos judiciales.

El programa, que tuvo un comienzo de ejecución, consistía en retirar esos autos y acarrearlos hacia un predio provincial. Una vez identificados y notificada la nueva situación de estos autos, si pasado un plazo que se estimaba, no se veía modificada por algún tipo de comunicación oficial la situación de esos vehículos, serían retirados a otro predio, para luego compactarlos y venderlos como chatarra. Sin embargo, esa iniciativa se diluyó y todo siguió igual.

Existió hasta mediados de la pasada década del 90 un predio en Gorina, perteneciente a la Fiscalía del Estado, en donde se guardaban estos vehículos. Sin embargo, quedó inactivo y entonces las Comisarías fueron las elegidas para ocuparse de este asunto que, en realidad, muy poco tiene que ver con las funciones específicas de seguridad que debe cumplir la Policía.

El Estado provincial no puede distraerse de esta obligación que le concierne y debería buscar alternativas. Se está hablando de bienes que no tienen por qué permanecer expuestos en zonas destinadas al uso y al tránsito público, causando trastornos a la vida ciudadana.

Lo que se impone es que se aceleren todos aquellos trámites destinados a garantizar una mejor disposición de estos vehículos, cumpliendo desde luego con las normas legales que establece el procedimiento a seguir.