Panamá vive unas protestas populares descritas como las mayores en décadas, para exigir al Gobierno una rebaja del costo de la vida y una lucha frontal contra la corrupción, considerada la madre de todos los males de este país de 4,2 millones de habitantes y uno de los más desiguales del mundo.
En medio del desabastecimiento de alimentos y combustible por los bloqueos a carreteras, los gremios y sindicatos en lucha lograron finalmente unificar una agenda de peticiones que está encabezada por una rebaja real del combustible, la comida, las medicinas y la luz, el aumento del presupuesto educativo y el combate a la corrupción. “Nuestro país arrastra una situación que empeoró con la pandemia. Es una olla en ebullición que ha estado calentando y ya pitó”, dijo a Efe la presidenta de la organización civil Ciencia en Panamá, la doctora Ivonne Torres.
Las protestas, que arreciaron a partir del 7 de julio pasado, se han mantenido tras intentos fallidos por sofocarlas del Ejecutivo de Laurentino Cortizo, que aprobó subsidios temporales al combustible y algunos alimentos y una reducción del gasto del 10 por ciento, medidas consideradas “insuficientes” por los gremios y sindicatos.
Las partes se preparan para iniciar negociaciones en una mesa mediada por la Iglesia católica.
La disparada del combustible y la comida, atribuida por el Gobierno a las crisis por la pandemia global y la guerra en Ucrania, detonaron una huelga docente que arrastró a sectores sociales, indígenas y del poderoso sindicato de la construcción Suntracs.
Panamá registró en junio pasado una inflación del 5,2% interanual, un salto de precios atípico en este país dolarizado, con una economía dependiente de los servicios, y con “salarios que no reflejan ni la productividad ni la dignidad de los trabajadores”, como dijo Ciencia en Panamá.
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