Fabio Gabriel Morzilli, de profesión contador, que además trabaja como instructor en la Policía Judicial bonaerense, prestó ayer una declaración clave en el juicio oral que se desarrolla en nuestra ciudad y que intenta determinar si, entre los años 2012 y 2014, en el Astillero Río Santiago, se desvió una millonaria suma de dinero al amparo de la suscripción de contratos truchos por tareas inexistentes.

Como publicó este diario en su edición anterior, el proceso oral, que se desarrolla en el ámbito del Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata, con la fiscalía a cargo de los doctores María Victoria Huergo y Jorge Paolini, tiene a un solo exfuncionario en el banquillo de los acusados.

Si bien el debate empezó con varios imputados, uno a uno fueron presentando pedidos de acuerdos abreviados, en donde reconocen la autoría del delito y pactan una pena no detenible, más la entrega de una suma de dinero en concepto de compensación por los daños causados.

Esas presentaciones, según indicaron voceros de tribunales, quedaron ahora a la espera de una resolución del jurado integrado por Hernán Decastelli, Cecilia Sanucci y Ramiro Fernández Lorenzo.

El único que optó por ventilar su participación en el caso, al sentirse inocente, pero corriendo riesgos de ser declarado culpable, es el ex jefe de Gabinete del Ministerio de la Producción provincial, Andrés Omar Ombrosi, quien en la jornada de hoy tiene pensado declarar ante los magistrados y contestar las preguntas del Ministerio Público.

Volviendo a la presentación técnica del profesional en el área económica, Morzilli dio detalles precisos de cómo era el manejo de fondos en la empresa naviera con sede en la ciudad de Ensenada.

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Por el momento, existen fuertes sospechas de que en la presunta maniobra, de características defraudatorias para las arcas estatales, habría originado un perjuicio de más de 16 millones de pesos.

De acuerdo a las fuentes consultadas, todo se basó en la supuesta confección de convenios por servicios con datos de personas que en la mayoría de los casos nunca se enteró que figuraba empleada en ese organismo.

Las remuneraciones de esas locaciones, siempre en el campo de las especulaciones, fueron percibidas, al menos, por quienes aceptaron su participación en la confección de los contratos.

La defensa de Ombrosi, a cargo del abogado Juan Pedro Chaves, apuntaría a que su participación en el circuito documental (habría acercado varios curriculum para el nombramiento temporario de empleados) no tuvo dolo o intención delictual, al desconocer lo que finalmente ocurría “a sus espaldas”.

Se supo que en el juicio debían estar el ex presidente del Astillero, Héctor Scavuzzo. También Rodolfo Elisetch, ex coordinador de sueldos y jornales; el ex gerente general, Julio Borovik, el ex secretario de presidencia, Oscar Borcerio y el empresario, Roberto Fiocca.

Sin embargo, como se dijo, todos cortaron camino y se presentaron con acuerdos de juicio abreviado. Así, de aprobarse, evitarían cualquier posibilidad de recibir una pena que se convierta en privativa de la libertad.

La instrucción de la causa estuvo a cargo de quien revistió el rol de fiscal de Delitos Complejos, el citado Paolini.

El funcionario detalló que la operación denunciada incluía el nombramiento en cargos jerárquicos de personas que no asumían en el puesto con sueldos de entre $25 mil y $30 mil.

REQUISITORIA

“Entre los meses de enero de 2012 y diciembre de 2014, el presidente de Astillero Río Santiago, con la colaboración de otras personas, sustrajo de acuerdo a la figura de peculado una importante suma de dinero bajo el disfraz de falsas contrataciones de distintas personas que hacía figurar cumpliendo distintas funciones en el área de Presidencia, y otras áreas cercanas”, señaló en su requerimiento de debate.