Denuncias por el “autoritarismo” que Ortega impone en Nicaragua

En un asfixiante clima de censura a la libre expresión y de persecución a dirigentes políticos opositores, el gobierno de Nicaragua acaba de verse fustigado ahora por una declaración firmada por 26 exjefes de Estado de España y de la mayoría de los países de América Latina, que se mostraron preocupados por lo que consideran la dictadura de Daniel Ortega y, además, instaron al papa Francisco a que intervenga, en medio de una fuerte ofensiva gubernamental contra la Iglesia católica.

En la declaración, los exmandatarios participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) pidieron a Francisco una “firme postura” ante la “quema de iglesias y la salvaje destrucción de las imágenes de culto católico” en el país centroamericano, delitos que “emulan las persecuciones del nazismo y la quema de libros en 1933”.

El propósito del gobierno de Ortega, subrayó IDEA, no es otro que “destruir las raíces culturales y espirituales del pueblo nicaragüense a fin de dejarlo en la anomia” para que resulte “presa fácil” mediante la “destrucción de su dignidad y raíces culturales”, como lo revela la reciente clausura de la Academia Nicaragüense de la Lengua (ANL).

“Ahora, (el régimen nicaragüense) avanza hacia la persecución de los líderes episcopales católicos, los sacerdotes y las religiosas”, incluso con su expulsión del territorio nacional, como es el caso de las emblemáticas Misioneras de la Caridad, denunció IDEA.

La declaración fue firmada por ex jefes de Estado, varios de ellos identificados con la izquierda. Así, la suscribieron Óscar Arias, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; José María Aznar (España); Vicente Fox, Rafael Ángel Calderón y Felipe Calderón (México); Mireya Moscoso y Nicolás Ardito Barletta (Panamá), y Carlos Mesa y Jorge “Tuto” Quiroga (Bolivia).

También fueron signatarios Alfredo Cristiani, de El Salvador; Mauricio Macri, de Argentina; Sebastián Piñera y Eduardo Frei, de Chile; Luis Alberto Lacalle, de Uruguay; Lucio Gutiérrez, Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad, de Ecuador; Iván Duque, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, de Colombia, y Juan Carlos Wasmosy y Federico Franco, de Paraguay.

En tanto, el régimen de Ortega, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), canceló la licencia de transmisión a otras tres estaciones de radio, con lo que suman 13 las clausuradas en lo que va de agosto. La misma suerte corrieron periódicos y canales de televisión independientes.

El régimen sandinista encarceló en la última campaña electoral a varios candidatos opositores a la presidencia. Entre ellos se encontró la emblemática periodista Cristiana Chamorro, en lo que resultó ser una desembozada maniobra de Ortega para impedirle su candidatura.

Entre los numerosos opositores encarcelados –a quienes en realidad se los separa de la vida política tan sólo por no comulgar con la política autoritaria del gobierno- se encuentran personalidades de alto perfil académico y político. Muchos son personas de la tercera edad e, incluso, ex compañeros de armas del sandinista. La mayoría de las detenciones se produjeron de noche y sus casas fueron allanadas sin orden judicial.

A estas iniquidades propias de un régimen autocrático, que busca solo perpetuarse en el poder a cualquier precio, se suman las numerosas denuncias por las torturas físicas que padecen esos dirigentes opositores. La OEA volvió a pedir la libertad de los presos políticos en Nicaragua.

Tal como se ha dicho en anteriores ocasiones, a Ortega se lo define desde hace varios años como el revolucionario que liberó a Nicaragua de la dinastía de los Somoza. Sin embargo, paradójicamente, ahora está acusado políticamente de haberse convertido en “un dictador puro y sin escrúpulos, semejante a los dictadores que ayudó a derrotar”.