Fiscal: “Una de las matrices más extraordinarias de corrupción”

“Una de las matrices más extraordinarias de corrupción en la historia del desarrollo de Argentina”, fueron las primeras palabras acusatorias del fiscal Diego Luciani, y apuntó en el inicio de su alegato contra los mandatos de la expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández -y su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner-, por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era mandataria.

El Ministerio Público Fiscal “tiene por acreditado” que entre 2003 a 2015 funcionó en el seno del Estado “una asociación ilícita de características singulares” y de forma “piramidal” que tuvo “en su cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de Estado”.

El juicio, que comenzó el 21 de mayo de 2019, pocos días después de que Cristina Fernández anunciara su alianza con Alberto Fernández para las elecciones de octubre de ese año que acabaron ganando, entra así en su recta final y se prevé que haya veredicto antes de que termine 2022.

El fiscal dijo que se ha probado que el fallecido Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner “instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinaria que, lamentablemente y tristemente, se haya desarrollado en el país”.

Lo extraordinario se refiere a la “capacidad de acción”, la “perpetuación en el tiempo” y a “la ausencia de controles” por parte de los funcionarios.

Un “eficaz sistema”

Y que en su gestión se “creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional” en paralelo a las funciones de la administración.

Luciani indicó que para ello “se escogió intencionalmente la contratación de obra pública vial en Santa Cruz” como medida para desviar fondos y se “creó un oferente”, es decir, la empresa constructora de Lázaro Báez, para favorecerlo en las licitaciones de obra pública vial.

Cristina está procesada por el presunto delito de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública.

En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en la provincia de Santa Cruz.

En la causa también están acusados el propio Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros exfuncionarios.

Socios comerciales

El funcionario judicial recordó que el matrimonio Kirchner y Báez eran socios comerciales y que el empresario era amigo íntimo de Néstor Kirchner.

Está previsto que durante nueve jornadas, los fiscales expongan cómo dieron por probado el “ropaje legal para crear las condiciones necesarias para crear el plan sistemático de extracción de fondos”.

Al sentarse por primera vez en el banquillo, 8 días antes de asumir como vicepresidenta, el 2 de diciembre de 2019, Cristina Kirchner reiteró, como ha venido haciendo con el resto de acusaciones en su contra, que el proceso respondía a una persecución judicial o “lawfare” ideada por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

El fiscal dijo que también se referirá al “lawfare” en sus futuras intervenciones.

El fiscal Luciani adelantó que a lo largo de las siguientes audiencias de alegatos se propone “probar cómo los imputados planearon y ejecutaron esta maniobra que provocó perjuicio colosal al erario y a todos los argentinos”.

La Unidad de Información Financiera (UIF) había considerado “irresponsable avanzar en una acusación” al desestimar los argumentos de la fiscalía sobre la existencia de los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.

El fiscal manifestó su descontento con la decisión de la UIF, a la que acusó de “tergiversar de manera grosera el sentido de la prueba”.

“Si la UIF fue querellante era esperable que si absolvía explicara por qué descartó la cantidad de prueba”, dijo.

El presidente, Alberto Fernández, quien fuera jefe de gabinete en los gobiernos de los Kirchner, declaró personalmente en la causa en febrero pasado y respaldó a la vicepresidenta al afirmar que “no hubo nunca reparto arbitrario de fondos”.

La fiscalía expondrá los alegatos en nueve audiencias programadas para las próximas tres semanas y luego será el turno de la defensa.

El juicio se inició el 21 de mayo de 2019, contó con más de un centenar de testigos y debió ser suspendido temporalmente en 2020 por la pandemia de Covid-19.

Si llega a ser condenada, Kirchner quedará inhabilitada políticamente y recibiría una pena de 6 años, aunque no iría a prisión.