Paros docentes, ¿los alumnos seguirán pagando los platos rotos?

La decisión de la entidad gremial docente Ctera de convocar a un paro nacional de 24 horas para el miércoles venidero en rechazo a la condena judicial aplicada contra un maestro de Chubut, en una causa que consideraron armada “con espionaje ilegal”, en una medida a la que ya adhirió el sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba).

La medida pone signos de interrogación acerca de la decisión de las autoridades nacionales y provinciales de que se complete, en este ciclo lectivo, la ansiada meta de los 180 días de clases. La vasta experiencia aquilatada a lo largo de muchos años conoce perfectamente lo que ha ocurrido cuando comienzan a sucederse en cascada distintas reivindicaciones sectoriales, cuyos directos perjudicados son millones de alumnos que empiezan a perder clases.

El documento de la conducción de la Ctera luego de rechazar lo que calificó como “criminalización y judicialización de la protesta social”, sostuvo que además ello ocurre en “el contexto de una grave situación social provincial (en Chubut), que incluye atrasos en el pago de los salarios de dos y tres meses y un salvaje ajuste” contra los docentes.

Se menciona también que jornadas atrás se realizó en esa provincia sureña “una pacífica manifestación de sectores sindicales y sociales” en la que dos docentes fallecieron en un accidente. “Hubo un juicio injusto y fue evidente la criminalización de la protesta social”, agrega, que desembocó en una condena judicial contra un docente, “que la Ctera repudia”.

Sin considerar los aspectos particulares del episodio ocurrido en Chubut, a rasgos generales puede decirse que la “grave situación social” a la que alude la entidad gremial se encuentra presente en todo el territorio y que también se experimentan atrasos en los pagos salariales en muchos distritos. Todo ello es cuestionable, pero, como se dijo, no debieran ser los chicos quienes se queden sin ir al colegio. Existen muchas fórmulas para canalizar las protestas y reivindicaciones de índole gremial.

Los médicos de hospitales públicos suelen estar muy mal pagos, y no dejan de atender a los enfermos. Existen áreas de la sociedad que no pueden dejar de prestar sus servicios en modo alguno. No existe excusa posible para que millones de chicos reciban una instrucción intermitente.

En ciclos anteriores a la pandemia se registraron numerosas jornadas de paro docente en las escuelas. Veinte, treinta y aún más días de huelga por año fueron concretados con asiduidad y las escuelas permanecieron, en ocasiones, también cerradas por medidas de fuerza realizadas por auxiliares enrolados en gremios no docentes.

Se ha dicho en forma insistente que nuestro país atraviesa una verdadera emergencia educativa y que, por consiguiente, revertir ese proceso que muestra al nivel de enseñanza en continuo descenso, desde el nivel primario hasta el universitario, en una tendencia que resulta inexplicable para una sociedad que, como la nuestra, contó con óptimos servicios educativos, extensivos a toda la población.

No se trata de cuestionar la vigencia de derechos como peticionar a la autoridad o a ejercer el de huelga, consagrados por la Constitución. Sin embargo, cuando existiera una condena judicial que pudiera resultar injusta, es por la misma vía –la de la apelación a los tribunales superiores de la Justicia-, el único camino institucional a seguir.

Lo que tanto las autoridades educativas como la sociedad esperan es que se superen las situaciones conflictivas –en su caso, se acepten las reivindicaciones sectoriales que puedan resultar justas- y se garantice a todo trance la continuidad escolar, sin que sean los millones de alumnos quienes paguen los platos rotos.