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La gran tensión financiera que hubo en el mes de julio parece haber abierto la puerta para tratar de reencauzar las variables macroeconómicas hacia las metas acordadas con el FMI.

En el frente fiscal, se reforzaron los anuncios de ajuste de caja y se profundizó la suba de tarifas a la energía, el transporte y el agua, se aumentaron anticipos del impuesto a las Ganancias de algunas empresas y se anunciaron paliativos para jubilados y beneficiarios de asignaciones familiares. Además se refinanció una parte importante de la deuda local y se abrió el mercado que se había cerrado en junio, aunque a un costo potencial elevado medido por la garantía de inflación o devaluación, el que sea mayor, que ofrecen los bonos duales.

Sin embargo, surgen varios interrogantes. En el corto plazo, sobre la magnitud efectiva del recorte. Por ejemplo, el menor ritmo de crecimiento del gasto primario, en gran medida, se explica por el bajo crecimiento en los subsidios pagados, cuando sabemos que los devengados han aumentado. Ese diferimiento es una mejora transitoria en la caja que, en el mediano plazo, siempre pasa la factura.

Un segundo interrogante se plantea en el tema tarifario. Los primeros aumentos se darán en meses de bajo consumo. Cuando se acumulen incrementos y, además, suba el consumo de electricidad en el verano, la irritación de los consumidores irá increscendo.

Esto es particularmente relevante porque se suma al tercer interrogante. Los subsidios a cargo del Tesoro son la diferencia entre la tarifa que pagan los usuarios y el costo. Pero éste no está fijo. Se mueve al ritmo del tipo de cambio y del precio de la energía. Para evitar un deterioro fiscal respecto de lo anunciado se requiere que las tarifas aumenten todos los meses, si es que no se frena el ritmo del crawling peg (clavija de arrastre).

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Por otra parte, el programa firmado con el FMI prevé una reducción adicional en el déficit primario de 2.5% del PIB a 1.9%. Las dos terceras partes de la disminución se supone que se lograrán por la mejora en los ingresos que genera una economía en crecimiento. Pero las restricciones de divisas y el ajuste fiscal y monetario frenarán la economía. Para que ello no suceda, se necesitaría un boom de confianza que no parece factible.

Además, los vencimientos de deuda local se pasaron para el año próximo. Pero a medida que se acerque el fin de 2023, si se espera que el próximo gobierno unifique el mercado cambiario, eso afectará la posibilidad de renovarlos. Podrían emitirse bonos dollar-link o más duales, pero, en ese caso, el monto de la deuda se disparará ante una unificación, lo que puede afectar la percepción sobre la capacidad de pago del gobierno.

En el frente cambiario hubo anuncios respecto de lograr unos U$S 5.000 millones en el corto plazo por la vía de Repos, incentivos al campo a liquidar más soja y préstamos de multilaterales. De esto, se habría concretado alrededor del 20%. Los Repos serían costosos dado el colateral que Argentina puede ofrecer, y los incentivos al campo no han funcionado. Si bien el BCRA ha logrado comprar divisas, la escasez de reservas netas es preocupante.

Dólar soja

Respecto del tipo de cambio especial para la soja hay varios interrogantes. Si sólo se anticipan ventas que se habrían hecho de todas formas en los meses inmediatos siguientes, el alivio será temporario. Si hay algún incremento, hay que restar de la mejora de reservas el 30% (o el porcentaje que sea) que se permite dolarizar al productor.

Si el tipo de cambio especial es sólo para la soja, y se prolonga en el tiempo -aunque en Economía dicen que es hasta fin de mes-, afectará las decisiones de los productores que reducirían la siembra de otros productos que no reciben el tratamiento especial.

Los problemas de incentivos también se potencian el año próximo. Si la brecha cambiaria es alta, los productores tendrán incentivos a retener grano porque la opción de quedarse en pesos está expuesta a una eventual unificación cambiaria.

La devaluación en un contexto de escasas reservas y con la inflación subyacente caminando al 6% mensual seguramente llevaría a inflaciones de dos dígitos mensuales por un tiempo, con algún riesgo de espiralización. Eso serviría para “licuar” pasivos del BCRA en el mediano plazo (aunque, en el corto plazo, enfrentaría un costo por las ventas a futuro), y aumentaría los del Tesoro cada vez más expuesto a una devaluación. Además, siempre están los interrogantes del clima y de los precios internacionales. Pero más importante es la duda acerca de cuánto apoyo político tendrá el programa a medida que se acerquen las elecciones primarias.

En 2015, el gobierno pudo amortiguar los efectos de las inconsistencias macroeconómicas sacrificando muchas reservas del BCRA y dejando una pesada herencia para el que lo sucedió. No parece que este gobierno vaya a tener la misma libertad de acción el año próximo.