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Redacción de AP
Ni alimentadas con años de trabajo ni tener un cargo en la función pública garantizan en Venezuela a los maestros, médicos, funcionarios o jubilados suficiente estabilidad económica ante un contexto de inflación al alza y sostenida devaluación del bolívar. Esa estrechez llevó a los trabajadores del sector público y a los pensionistas a protestar en las calles de Caracas y otras ciudades venezolanas.
Exigen al gobierno del presidente Nicolás Maduro un sustancial incremento salarial que ayude a recuperar su poder adquisitivo, minado por la inflación y la devaluación. “Me duele saber que trabajé tantos años para nada y me duele saber que hay personas que, con esta pensión miserable, no tienen un familiar que los ayude’’, dijo María Acosta, una jubilada de 59 años. “Si no fuera por mi hijo, ya me habría muerto’’, acotó. Solo su tratamiento diario con Losartan, el medicamento para la tensión arterial alta, “se lleva casi toda la pensión’’, equivalente a un salario mínimo. La presentación de 30 comprimidos de ese remedio tiene un costo de 102,82 bolívares, unos 5,1 dólares.
El salario mínimo en Venezuela, que devenga la mayoría de los venezolanos, es de 130 bolívares al mes, unos 6,33 dólares. Ese monto es incompatible con los altos precios de bienes y servicios fijados en dólares y a ese escenario se suma una inflación que condena a millones a vivir en la pobreza.
El Observatorio Venezolano de Finanzas, una organización privada dirigida por legisladores opositores, calculó que la inflación anual alcanzó el 306% el año pasado y el 37% en diciembre, la tasa más alta en los últimos 20 meses.
En números oficiales, Venezuela cerró el año 2022 con una inflación de 234%, lo que mantiene la tendencia de mejoramiento de este indicador que en 2018 subió hasta 130.000%.
La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela -la mayor cámara de empresas del país- en un comunicado expresó la urgente necesidad de establecer “una discusión sobre el salario mínimo, donde participen todos los actores involucrados”.
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“Es impostergable la adopción de una decisión sobre el tema salarial no de manera aislada, sino como una política salarial que dé sostenibilidad al salario y mantenga su poder adquisitivo y que, al mismo tiempo, permita la sostenibilidad de las fuentes de empleo”, añadió el escrito.
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