La Plata sostiene los serios problemas con la accesibilidad

Desde 2008 Argentina firmó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (Ley 26.378) que tiene jerarquía constitucional y debe asegurar el derecho a participar sin discriminación en toda la vida de la sociedad. Sin embargo, esa normativa está muy lejos de cumplirse.

Transporte público, instituciones educativas, viviendas, bancos, oficinas públicas y hasta bares y comercios de todos los rubros carecen de una arquitectura de modelo universal que permita tanto a las personas con discapacidad como niños y adultos mayores desplazarse sin barreras ni complicaciones.

“Hay un sistema que permanentemente nos excluye de por sí. Las personas con discapacidad no están consideradas aptas para transitar en este sistema, tanto en el ámbito educativo, laboral, cotidiano como privado”, analiza Eva Fontoura, una platense de 35 años con discapacidad motriz que usa una silla de ruedas para trasladarse.

Ir a trabajar y asistir a la facultad es un suplicio para esta mujer que hace poco más de un año se fue a vivir sola y le costó encontrar un departamento en alquiler en el que pueda desplazarse con su silla sin dificultades, además de toparse con propietarios que “por las dudas” no querían firmar un contrato con ella. “Falta accesibilidad en los micros, uno de cada diez tiene la rampa en funcionamiento. Yo trabajo en el Centro y vivo en Ringuelet y llegar a destino me cuesta el doble. Hay algunas rampas en las esquinas pero a la vez las veredas no están en condiciones”.

La resolución 208/2019 de la provincia de Buenos Aires obliga a que los vehículos de transporte sean de piso bajo y tengan las rampas de acceso para las personas con sillas de ruedas. Sin embargo, no todas las empresas la cumplen. “La rampa debe de tener el mantenimiento correcto para que todos podamos acceder en cualquier momento y lugar y ni hablar de la falta de predisposición de algunos chóferes que ni se toman el trabajo de fijarse si anda o no. Cuando subo al micro mucha gente se sorprende porque no sabe que existe la rampa y que nosotros contamos con el derecho a viajar en colectivo. Los pasajeros piden ayuda cuando las unidades tienen que tener las rampas. Eso habla de la ausencia del Estado para con nosotros ”, comentó Eva.

Reclamo

“La sociedad me ve como una heroína, y yo me pregunto ¿por qué? ¿Por ejercer mi derecho a estudiar, trabajar y vivir dignamente? No, no soy una heroína por eso. Soy una mujer, una persona y no un angelito. Lucho todos los días contra un sistema muy injusto. No soy una heroína por exigirle al Estado lo que nos corresponde, estoy haciendo y pidiendo lo justo, lo que debería ser y muchas veces no es”, enfatizó la mujer.

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La mayoría de las personas no registra las barreras arquitectónicas que las personas con discapacidad tienen que sortear. “No todos los cajeros automáticos son accesibles. Tampoco puedo ir sola a algunos edificios públicos ni comercios de cualquier tipo. Para todo tenemos que esperar y luchar, mayormente contra la burocracia que muchas veces tarda meses en hacer circular un papel para que después de eso podamos conseguir algo que nos corresponde por derecho”, lamentó Eva.

“La Plata tiene una falencia, porque el Municipio tiene la obligación de conformar un consejo conformado por la sociedad civil y organizaciones vinculadas a las discapacidades para que se indiquen dónde hay barreras arquitectónicas y que la Comuna las solucione. Nunca se formó esa comisión. Es obligatoria a nivel provincial y municipal, pero en nuestra ciudad no existe”, dijo Gabriela Troiano, docente de la Facultad de Ingeniería de la UNLP y presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Respecto a la ausencia de ese consejo, este medio consultó al estado municipal por esta cuestión y no obtuvo ninguna respuesta.

Responsabilidad del estado

“Es una responsabilidad del Estado. Un espacio público tiene que estar pensado para la accesibilidad. La Plata casi no tiene hoteles accesibles, es decir que las personas con discapacidad no tienen derecho a vacacionar o ir se de viaje. Los cines casi tampoco tienen acceso para sillas de ruedas y no todas las plazas tienen rampas, ni hablemos de los juegos que son muy pocos los que se instalaron con un modelo arquitectónico universal”, planteó Troiano.

En ese sentido, también explicó que “en los supermercados no se ofrece una persona para que acompañe a comprar a la persona con discapacidad, que es algo que está en la Ley de Defensa del Consumidor. En no todas las mesas de los bares entra una silla de ruedas. En los barrios donde no hay veredas es imposible que alguien que no camine salga de su casa. Así no se puede ser autónomo ni independiente, no se está en igualdad de condiciones, es una discriminación por motivos de discapacidad. Como estas situaciones hay miles y muchas tienen que ver con la barrera actitudinal de no comprender que la discapacidad se produce cuando se encuentran barreras que no permiten realizar las cosas de la vida diaria a todos por igual”.

Finalmente, Eva insiste en que “soy una ciudadana que se alegra cuando se garantiza un derecho, que lucha para que mantengan y mejoren los conseguidos, pero también que se entristece cuando alguno se vulnera. Hay que seguir transformando en nuestra sociedad para que el que el Estado no se muestre ausente para con el colectivo con discapacidad. Mi anhelo de todo corazón es que se sepa y se entienda que antes que discapacitados somos personas que luchan todos los días por tener una mejor calidad de vida”.