Dan de baja casi 5000 planes que cobraban empleados

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió dar de baja 4.588 planes Potenciar Trabajo, porque los beneficiarios eran empleados públicos. El número surgió a partir de una investigación del fiscal Guillermo Marijuan, que cruzó las bases de datos del programa -que ahora controla la nueva cartera de Capital Humano- con las planillas de empleados públicos de 14 provincias. El resto de los distritos todavía no enviaron sus datos.

De esta manera, Pettovello decidió conducirse por un carril distinto al de la ex ministra Victoria Tolosa Paz, que fue imputada junto a Pérsico por el fiscal Marijuan en al menos dos causas anteriores, por no dar de baja a los beneficiarios que cobraban ese plan social por fuera de las normas establecidas, por ejemplo, las 160 mil personas que viajaron al exterior en aviones privados, yates, autos y aerolíneas. La funcionaria de Javier Milei también ordenó una “auditoría de cero” para saber dónde está parada, ya que la información que dejaron en la Secretaría de Economía Social, que estaba a cargo del dirigente del Movimiento Evita es, como mínima, muy escasa, y poco confiable.

Según detallaron desde el Ministerio, las 14 provincias investigadas hasta el momento son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.

Marijuan solicitó en noviembre las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social. Pero no todas contestaron. Algunas ya fueron intimadas por segunda vez.

Meses atrás, Marijuan había abierto una investigación preliminar después de que trascendiera información sobre el informe de la AFIP, un trabajo que señalaba características de más de 250.000 beneficiarios que parecían mostrar incompatibilidades entre los requisitos para recibir el salario social complementario y sus condiciones impositivas, entre otras.

Marijuan basó su denuncia en una copia del informe que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) remitió al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Victoria Tolosa Paz, en el que entrecruzó los registros de beneficiarios del Potenciar Trabajo. En ese análisis, el organismo tributario analizó la situación de casi 1,4 millón de personas con la información de los contribuyentes y detectó inconsistencias en un porcentaje elevadísimo. En su investigación preliminar el fiscal los acusa de “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública”. También apunta contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que “sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.

Durante la administración Fernández el programa social, que era administrado desde el área de Emilio Pérsico dependió de manera directa de los ministros Daniel Arroyo, Juan “Juanchi” Zabaleta, y Victoria Tolosa Paz. El dirigente del Movimiento Evita estuvo a cargo del Potenciar Trabajo a lo largo de todo el gobierno del Frente de Todos.

La ministra se habría comunicado con la fiscalía para ponerse a disposición y solicitar el listado de presuntas incompatibilidades.