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El premier, al frente del gobierno más derechista que tuvo el país, avanza con una reforma que socava facultades del poder judicial
Policías israelíes chocan en Tel Aviv con opositores a la reforma judicial
Violentos enfrentamientos se produjeron ayer en Tel Aviv entre la policía y manifestantes que denunciaban el carácter “antidemocrático” de la reforma judicial impulsada por el gobierno más derechista de la historia de Israel que encabeza el polémico primer ministro Benjamín Netanyahu.
La policía dispersó con cañones de agua, gases lacrimógenos y granadas de estruendo a los participantes en la marcha, que bloquearon varias calles y vías de comunicación de la ciudad. Agentes a caballo también cargaron contra la multitud. Según un comunicado policial, 39 personas fueron detenidas por perturbación del orden público. Once manifestantes fueron atendidos con lastimaduras diversas en el hospital Ichilov de Tel Aviv, señaló el portavoz de esa institución.
“El derecho de manifestarse no es el derecho de bloquear el país”, afirmó por la noche el conservador Netanyahu, en una rueda de prensa en Jerusalén. “Un país soberano no puede tolerar la anarquía”, agregó el jefe de gobierno, que acusó a los manifestantes de haber cruzado “una línea roja”.
Las protestas, que desde hace dos meses se realizan generalmente los sábados por la noche y congregan a decenas de miles de personas, no han impedido hasta ahora el avance de la polémica reforma que le quita facultades a la Corte Suprema.
La Kneset (Parlamento) aprobó ayer mismo en lectura preliminar por 62 votos a favor y 20 en contra (sobre un total de 120 bancas) un nuevo artículo, que restringe las posibilidades de destitución de un jefe de gobierno.
La reforma fue anunciada a principios de enero por el gobierno formado en diciembre por Netanyahu con ministros de derecha, ultraderecha y de formaciones ultraortodoxas judías.
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Entre los proyectos contemplados por esta reforma, está la denominada “claúsula de anulación”, que permitiría a una mayoría simple de diputados derogar fallos emitidos por la Corte Suprema. También están incluidas iniciativas que otorgarían al Gobierno control total sobre el nombramiento de los jueces del país, además de permitir que cargos políticos ocupen los puestos de asesores legales en los ministerios.
Según sus detractores, el texto amenaza la separación de poderes y el carácter democrático de Israel. Netanyahu y su ministro de Justicia, Yariv Levin, consideran en cambio que esa reforma restablecerá un equilibrio de fuerzas entre los legisladores y la Corte Suprema, a la que ven como una institución politizada.
Los diputados adoptaron también en lectura preliminar por 55 votos a favor y 9 en contra un proyecto de ley que pretende autorizar “la pena de muerte contra los terroristas”.
Ese es un antiguo reclamo de algunos diputados de ultraderecha, pero tiene pocas posibilidades de ser aprobado de manera definitiva debido a las reticencias religiosas de partidos ultraortodoxos. La pena capital se aplicó una sola vez en Israel, en 1962, contra el criminal de guerra nazi Adolf Heichmann.
Lo cierto es que Israel se ha convertido en una caldera a punto de estallar. Al enorme rechazo que despierta esta “toma” del poder judicial, se suman los ataques letales de jóvenes palestinos contra israelíes, que coinciden con la expansión de los asentamientos judíos y el incendio de aldeas palestinas por parte de los colonos.
Y la situación interna de Israel reviste tal gravedad, según analistas, que varios exjefes del Mossad, algunos de los servidores públicos más respetados del país, han denunciado el golpe judicial de Netanyahu. El más reciente fue Danny Yatom, quien le dijo a Israel Channel 13 News el sábado a la noche, que si Netanyahu avanza con sus planes para eliminar efectivamente la independencia del tribunal superior de Israel, los pilotos de combate y los agentes de las fuerzas especiales podrán desobedecer legítimamente las órdenes que provienen del gobierno.
Ellos “firmaron un acuerdo con un país democrático”, señaló Yatom. “Pero en el momento en que, Dios no lo quiera, el país se convierte en una dictadura” y reciben “una orden de un gobierno ilegítimo, entonces creo que sería legítimo desobedecerla”.
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