La nueva negociación con el FMI y un crédito por US$ 2.000 millones

Tras una semana turbulenta en la que el dólar llegó a 400 pesos y se conoció la inflación de marzo (7,7 por ciento), un poco de aire fresco llegó al gobierno desde Washington tras un nuevo entendimiento con el FMI para reformular las metas que debe cumplir Argentina, gracias al cual ingresarán al país fondos frescos de organismos multilaterales por US$ 2.000 millones. Llegarán, según se estima, antes de que termine la primera mitad del año. El acuerdo técnico, calculan en Economía, debería estar listo en mayo, en tanto que la aprobación del board llegaría en junio.

Tras el clima de tensión económica de estos días, Argentina logró poner en marcha un nuevo entendimiento con el organismo financiero internacional luego de participar de reuniones con el FMI y el Banco Mundial.

Ambas partes coincidieron en que el tremendo impacto de la sequía requiere analizar si es necesario cambiar las metas del programa en curso.

Desde el Gobierno se espera que la nueva negociación con el Fondo sea rápida, de no más de tres semanas, y que le permita encaminar ciertas variables de la economía antes de que termine junio, cuando comenzarán las definiciones del año electoral. Según afirman desde el equipo económico: “La idea es construir sobre la base realista de un nuevo ancla para la macroeconomía, que tenga en cuenta el orden fiscal, pero también las restricciones fiscales que impuso la sequía. Y cuyo objetivo sea el fortalecimiento de reservas, con políticas activas tanto del Gobierno como del FMI”.

Desde Economía aseguran que no se volverá a fojas cero, pero se revisará todo, desde la metas de reservas y el déficit, hasta las fechas y los montos de los desembolsos. Argentina también tendrá que hacer concesiones, pero antes se deberá llegar a un acuerdo sobre cuál es el verdadero impacto de la sequía, en números: el FMI dice que son unos USD 11.000 millones; y en Economía aseguran que la cifra ronda los USD 16.000 millones.

Los funcionarios del equipo económico que estuvieron en EE UU, hablan de que el nuevo esquema tiene cuatro prioridades y que se buscará que, desde el punto de vista macro, tengan concordancia con las políticas antiinflacionarias. Las prioridades son:

*Sostener el orden fiscal sin perder el foco en los niveles de inversión social.

*Fortalecer reservas con instrumentos del FMI y políticas propias.

*Sostener los niveles de actividad, con bajo desempleo.

*Buscar niveles de superávit comercial.

Por eso desde el gobierno central consideran imperioso tratar de conseguir esquemas de financiación de importaciones, básicamente desde China y Brasil, a los que también podría sumarse India. Una opción es usar DEGs, la moneda del FMI, para garantizar el proceso. Otra idea que se propuso del lado argentino, con miras en el futuro, es que el Fondo genere, sobre el aumento de las exportaciones, un porcentaje de anticipo de capital de los préstamos.

En un contexto de muy positivas proyecciones de exportaciones de petróleo, gas y minerales para los próximos años podría ser muy beneficioso para el país, de lo cual en Washington ya tomaron nota.

El nuevo crédito de otorgado por unos USD 2.000 millones se divide de la siguiente manera: USD 900 millones del BID (desembolsos rápidos para salud, educación y productores afectados por la sequía); USD 600 millones del Banco Mundial; y USD 500 millones del Fondo Saudí para el Desarrollo.

Mientras tanto, se negociará con el BID un programa de emisión de deuda con garantía del organismo que, una vez realizada la colocación, redundará en otros USD 500 millones. Y con el Banco Mundial se hablará de un programa de “soporte de emergencia” con una cifra que aún está en negociación.

La negociación develará dos incógnitas que van de la mano. La primera es si el Fondo, que ha mostrado una notable flexibilidad y predisposición para acomodarse a las necesidades del país, brindará aun más apoyo, es decir, si adelantará una parte de los desembolsos previstos en el acuerdo o si abrirá otra ventana para aliviar la escasez de dólares. La segunda incógnita es qué compromiso asumirá el Gobierno en la nueva negociación.