Prohíben que estatales fallecidos sean reemplazados por sus hijos

El Gobierno del presidente Javier Milei anunció ayer que se prohibieron los “cargos hereditarios” en la administración pública nacional.

Así lo detallaron el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en conferencia de prensa.

La resolución firmada impide que familiares o cónyuges de empleados estatales fallecidos ocupen sus puestos de trabajo que regía en organismos como ANSES; Aduana; AFIP; Banco Central de la República Argentina (BCRA) y Banco Nación; YPF y Ferrocarriles Argentinos.

Según argumenta el Poder Ejecutivo, la decisión “profundiza la estrategia de racionalización del tamaño del Estado”.

Al respecto, Sturzenegger planteó: “En Aduana y AFIP hay una norma en sus estatutos que dice que luego del fallecimiento del agente se procedía a la incorporación de familiares, como el hijo o el cónyuge”.

En una especie de racconto histórico, amplió: “En la Asamblea de 1813, uno de los puntos centrales era la abolición de los títulos nobiliarios y eso fue tomado después por la Constitución Nacional. Estos resabios de privilegios de sangre, medievales, previos a la Revolución Francesa, persisten en estamentos del sector público argentino y eso es lo que el Presidente Milei ha decidido eliminar”.

“Si se revisan los años de las cláusulas se puede ver que, en el BNA y el BCRA, son de 1973, en ANSES de 1998, en Aduana de 2008, en YPF de 2012 y Ferrocarriles, 2015. Todos son gobiernos peronistas. Se perfila entonces que en Argentina hay dos versiones: la liberal republicana y la medieval de la casta y acá está tipificado quiénes son”, sentenció.

El comunicado que publicó el Ministerio de Desregulación y Modernización describe que la intención es profundizar “la estrategia de racionalización del tamaño del Estado, que ya logró el recorte del 15% de la planta del personal público y la intimación para que se jubilen sin demoras aquellos empleados que están en edad de retiro”.

“Este ilógico privilegio colocó a los empleados públicos por encima del resto de los trabajadores de la Argentina. Pero, de ahora en más, quien ocupe un puesto en el Estado será elegido solamente por su idoneidad”, señala. Y agregó: “Nunca deberían haber existido estas ventajas, porque la propia Constitución Nacional lo prohibe, ya que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre”.