Reclamos y chicanas en el Concejo Deliberante local

Laura Romoli

lromoli@eldia.com

El Concejo Deliberante local votó ayer una prórroga para el vencimiento de los modelos de autos que usan remises, taxis y transportes escolares, un reclamo de esos sectores ante las dificultades para renovar las unidades, producto de la crisis económica. Pero, a su vez, el deliberativo local extendió las sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre, en el marco de debates que incluyeron reclamos de información por parte de la oposición y un tenso cruce político con el oficialismo.

En el caso de las ordenanzas sancionadas, se destacaron las que prorrogan por un año la renovación de los modelos de coches entre 2011 y 2013 de taxis y remises, cuya vigencia para trabajar vencía a fin de año y que tendrán permiso extensible hasta 2026. En tanto, para los transportes escolares, la misma prórroga rige para los vehículos que vencían este año, modelo 2004.

Si bien no se sometieron a votación, los concejales de la oposición realizaron ayer una serie de ´presentaciones con planteos hacia el Departamento Ejecutivo, que van desde el acceso a la información sobre las construcciones no habilitadas, hasta el convenio vigente para la implementación del sistema del Estacionamiento Medido y la calidad y provisión del agua en la Ciudad.

Uno de los principales planteos los realizó el concejal del radicalismo Javier Mor Roig, quien reclamó con un pedido de informes que se den detalles sobre los barrios alcanzados por el decreto de Julio Alak que suspende las obras de construcción en aquellas urbanizaciones que no cuenten con la debida habilitación, un conflicto que el Intendente llevó a la justicia por las presuntas irregularidades en su creación.

Mor Roig planteó la necesidad de conocer la ubicación de los 400 barrios anunciados por el Ejecutivo, así como precisar las ordenanzas que plantearían conflicto con la Ley Provincial de Hábitat.

En línea con el acceso a la información también fue el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) Guillermo Bardón. En este caso, su planteo fue por sus reiteradas consultas para acceder al convenio entre el Municipio y la UNLP para el uso del software del sistema de Estacionamiento Medido. Entre ellas, el concejal pidió conocer cuánto abona la Comuna a la Universidad por el servicio, así como la cantidad y el destino de los fondos recaudados.

Otro de los pedidos estuvo en voz de Belén Muñoz, de PRO Libertad, quien advirtió que la licitación que la Municipalidad tiene en marcha para el mantenimiento del alumbrado público a partir del año que viene “no incluye inversiones en la zona Oeste, que está a oscuras y abandonada, como si sus vecinos no abonaran las tasas”.

Otro de los pedidos se trató de una presentación vecinal: la Mesa Vecinal del Agua pidió la “urgente” convocatoria al Observatorio de ese servicio, a fin de analizar los déficits que tienen los vecinos de los barrios, que van desde la calidad del agua hasta la presión y la cantidad de suministro. El pedido pasó a comisión y será analizado por los bloques la semana que viene.

VIOLENCIA DE GÉNERO

En otro orden, el Concejo aprobó una resolución que repudia el voto negativo de la Argentina a la adhesión de los países a fomentar políticas en contra de la violencia de género, posición que se conoció el pasado 15 de noviembre. La iniciativa de Unión por la Patria (UP) contó con el apoyo del bloque de UCR+PRO, que expresó su preocupación por “el rumbo incierto de la política exterior” de este gobierno.

Si bien, posteriormente, el gobierno se retractó de la medida, la concejal de Unión por la Patria (UP) Gisela Di Dio subrayó “el retroceso que en materia de políticas de género representa esa postura” y criticó que “el gobierno nacional no toma la violencia contra las mujeres en serio”. Y diferenció a la administración de Axel Kicillof: “Somos la única provincia del país que tiene un ministerio de las Mujeres”.

Quienes cargaron duro contra esta idea fueron María Florencia Defeo (LLA), Nicolás Morzone (PRO) y María Belén Muñoz (PRO-Libertad), quienes cuestionaron las funciones de la cartera bonaerense y consideraron que “sólo buscan politizar un flagelo social sin solucionar nada. Es nefasto”, concluyeron.