Tarifas: del atraso heredado al ajuste que metió presión

Transcurrido un año del mandato de Javier Milei, la política adoptada por el Gobierno en materia de tarifas de servicios públicos rondó entre la continuidad de la segmentación en las de gas y luz y la reducción parcial de los subsidios, pasando del atraso heredado al ajuste que elevó la presión sobre los ingresos.

En un principio, antes de ser electo, Milei había planteado en la presentación de su Plan de Gobierno “esquemas tarifarios realistas que, debido a la baja de costos luego de la recalibración de los contratos, no afectaran directamente al bolsillo de los argentinos”, junto con la idea de “reformular los entes reguladores y migrar hacia un esquema de subsidios por demanda para aquellas familias que lo requieran”.

Con su llegada a la Casa Rosada, el 10 de diciembre de 2023, el líder libertario designó para la cartera económica a Luis Caputo, quien inmediatamente lanzó una serie de medidas enmarcadas en el denominado “paquete de urgencia económica”, entre las que se incluyó la reducción de los subsidios a los servicios energéticos y al transporte de pasajeros.

En aquel entonces, los usuarios residenciales de energía eléctrica y gas natural pagaban en promedio el 33% del costo de abastecimiento mientras el restante 67% lo abonaba el Estado nacional.

Así estimó el Observatorio de Tarifas y Subsidios dependiente del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP).

El atraso tarifario en el país venía de arrastre, de la mano de los subsidios, que desde su implementación en 2002 llegaron a alcanzar su punto máximo en 2014, cuando representaron el 3,4% del PBI.

En 2019 se redujeron al 1% del PBI, y volvieron a trepar hasta cerca del 2% en la administración de Alberto Fernández, según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

En ese contexto, el Observatorio expuso que en el caso de las facturas eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el atraso tarifario, a finales del año pasado, alcanzaba el 67% para los usuarios de ingresos altos (N1), el 407% para los de ingresos bajos (N2) y el 299% para los de ingresos medios (N3).

Con el correr del año, se avanzó con diferentes actualizaciones tarifarias que elevaron el gasto en la luz un 189%, en el agua un 305%, en el gas un 564% y en el transporte un 601%, lo que implica un incremento del 368% de la canasta de servicios que elabora el IIEP. De esta manera, un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, gasta $134.173 por mes.

Con los ajustes de por medio, el último reporte del instituto reveló que actualmente, en los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 53% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 47% restante.

Asimismo, precisó que los subsidios energéticos en moneda constante de este año, acumulados a octubre, suman $8,5 billones, un 37% menos que igual periodo anterior.

En este marco, destacó la diferencia del impacto de los subsidios en las cuentas públicas, puntualizando que “en los diez meses de 2024 los subsidios se dieron en conjunto con superávit primario mientras que en igual periodo del 2023 representó el 86% del déficit primario acumulado en el periodo”.

La notoria suba de las tarifas produjo un incremento en el grado de absorción del pago de los servicios públicos sobre los ingresos. El IIEP reveló que “la canasta de servicios públicos del AMBA de noviembre representa el 11,6% del salario promedio registrado estimado del mes, a la vez que el peso proporcional del gasto en transporte alcanza el 42% y es significativamente más elevado respecto de los restantes servicios”.

Perspectivas 2025

En el balance entre lo prometido en campaña y lo realizado por la administración de Milei en el primer año de gestión, quedan cuentas pendientes como la reconfiguración del esquema tarifario, que aparece entre las prioridades para el 2025 de la actual secretaria de Energía, María Tettamanti, al proponer dejar atrás la segmentación para darle paso a un diagrama focalizado que emule la idea de tarifa social, donde el subsidio se centre en la demanda.

Desde el CIPPEC coinciden en la necesidad de avanzar en esa dirección considerando que “una tarifa social bien aplicada permitiría reducir sustancialmente la mochila fiscal de los subsidios, sin afectar a la población vulnerable”. En la misma sintonía, Royon destacó como “positivo que este año se mantuvieron subsidios a la población de menores ingresos, pero convendría avanzar a un sistema más focalizado”.

La premisa de profundizar el recorte de los subsidios en el próximo calendario fue reflejada en el frustrado Presupuesto 2025 al postular que las tarifas de luz y gas pasen a cubrir el 85% del costo de producción, lo que implicaría una reducción del 47% en los subsidios energéticos, representando un ahorro de más de 3.600 millones de dólares en los costos asumidos por el Estado.

De cara al próximo año, Royon consideró que hay margen para seguir reduciendo subsidios pero puso el foco en la necesidad de apuntalar obras señalando que “el desarrollo de infraestructura es aún una materia a impulsar”.

En este aspecto, el Gobierno dio a conocer recientemente que creará un cargo fijo en las facturas para financiar la obra de transporte eléctrico AMBA1, lo que elevaría entre 1% y 3% el monto total de las tarifas, según informó el portal EconoJournal. Al respecto, la ex funcionaria sostuvo que “hay que ser justos sobre el impacto de la obra si es que la financia todo el país, dado que hasta ahora solo se habla de la obra de AMBA1”.