Procesaron a Spagnuolo por fraude al Estado y coimas en la ANDIS

El juez federal Sebastián Casanello procesó al ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por fraude contra la administración pública y cohecho, en el marco de una causa que investiga el direccionamiento irregular de compras de medicamentos de alto costo. La decisión incluyó además el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y lo señala como presunto jefe de una asociación ilícita.

El procesamiento, sin prisión preventiva, alcanza a otras 18 personas entre ex funcionarios y empresarios vinculados al sector farmacéutico. El magistrado trabó un embargo superior a los 202 mil millones de pesos sobre los bienes de Spagnuolo.

Según la resolución, la maniobra habría provocado un perjuicio al Estado estimado en más de 30 mil millones de pesos.

UNA ESTRUCTURA ORGANIZADA DENTRO DEL ORGANISMO

La investigación sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la ANDIS funcionó como centro de operaciones de un esquema de corrupción destinado a favorecer a un grupo reducido de droguerías.

El fiscal federal Franco Picardi describió una organización integrada por funcionarios y actores privados que actuaban de forma coordinada para obtener ganancias indebidas.

El juez concluyó que existió una estructura jerárquica con roles definidos que operó dentro del Programa Incluir Salud, encargado de brindar cobertura a personas con discapacidad y sectores vulnerables sin otra asistencia médica.

COMPRAS DIRECCIONADAS Y SOBREPRECIOS

El fallo detalla que las contrataciones investigadas se vinculan con medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI). Según la Justicia, se implementó un sistema paralelo de compulsas de precios en el que participaban siempre las mismas cuatro droguerías, que simulaban competencia.

A través de este mecanismo se habrían confeccionado órdenes de compra por más de 30 mil millones de pesos, con sobreprecios en productos específicos y una fuerte concentración de adjudicaciones en dos empresas.

El sistema, afirma la resolución, violaba principios básicos de la contratación pública como transparencia, publicidad y concurrencia de oferentes.

RETORNOS Y OPERADORES EXTERNOS

La causa también investiga pagos indebidos a funcionarios como contraprestación por asegurar la adjudicación de contratos. La Justicia detectó la intervención directa de operadores externos que accedían al sistema informático del organismo y participaban en decisiones administrativas.

Para el juez, la agencia fue “cooptada” y utilizada como vía de enriquecimiento ilícito en detrimento de la población destinataria del programa, especialmente personas con discapacidad y beneficiarios de pensiones no contributivas.

Entre los elementos considerados figuran registros de visitas, transferencias indirectas y evidencia material que, según la resolución, refuerzan la hipótesis de un sistema de sobornos sostenido en el tiempo.

PRÓXIMOS PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

Casanello ordenó nuevas indagatorias y amplió la investigación hacia las estructuras societarias de las droguerías involucradas. También rechazó los planteos de nulidad de las defensas respecto de audios filtrados, al considerar que la acusación se sostiene en pruebas independientes.

El magistrado advirtió que el esquema descubierto podría no agotarse en los hechos ya probados y señaló la necesidad de profundizar la pesquisa para determinar si existieron otros niveles de complicidad.

La causa continúa en etapa de instrucción y podría derivar en nuevos procesamientos.

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