El Gobierno avanzó con otros 900 despidos y prepara más recortes

Los cien días de Javier Milei en la Casa Rosada llegaron con anuncios que ratifican su plan para desguazar el Estado. Ayer, el Gobierno confirmó el cierre de dos organismos estatales y 900 nuevos despidos. A la par, trascendió que se vendría otra inminente ola de recortes en distintos ministerios.

Fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, el encargado de anunciar la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar.

Según precisó el funcionario, la resolución se tomó luego de una revisión de “datos calamitosos, profundamente desoladores” sobre ambos organismos que empleaban a 964 trabajadores y que ahora serán rebajados a una dirección con 64 empleados.

"Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9.000 millones de pesos”, aseguró Adorni, para después apuntar contra “la fiesta del gasto público” y cuestionar que había "160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político”.

El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena se creó bajo la administración de Alberto Fernández a finales de 2022 a través del decreto 729/2022 y era conducido por Miguel Gómez, dirigente del Movimiento Evita que lidera Emilio Pérsico.

El cierre de este organismo se conoció un día después de la denuncia del Gobierno contra Pérsico por el envío de más de $470 millones a dos cooperativas que integraba, al mismo tiempo que se desempeñaba como secretario de la Economía Social en el ministerio de Desarrollo.

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Sigue la poda estatal

La decisión está en sintonía con la intención de cerrar la agencia oficial de noticias Télam (con su servicio interrumpido y más de 700 empleados hoy en disponibilidad); el recorte de cargos en PAMI; los 170 despidos en el Incaa; más los 200 de la empresa de aguas Aysa; y los 50 funcionarios del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Incluso el propio Presidente se ha jactado en distintas entrevistas de que la “motosierra” en el Estado ya se ha cobrado más de 50.000 trabajadores. Algo que en los gremios desmienten, aún cuando se declaran en situación de alerta permanente ante una posible nueva ola de despidos.

Y es que el próximo 31 de marzo vencen cientos de contratos precarios que habían sido puestos “a revisión”.

En ese sentido, fuentes oficiales advirtieron que “se hizo una revisión área por área de todos los contratados. Cada sector pidió por algunos empleados, no se van a echar a todos, pero los contratos que vencen el 31 no se renuevan”.

Ya en diciembre pasado, apenas desembarcó en la Rosada, Milei dio de baja casi 7.000 contratos firmados el 1° de enero de 2023, es decir el último año de gestión de Alberto Fernández. Allí se anticipó también que el resto de los contratos serían sometidos a “un relevamiento exhaustivo” en los 90 días siguientes a partir del 31 de diciembre, que vencen justamente a fines de este mes.

Si bien en el Gobierno evitan precisar la cantidad final de trabajadores que serían echados, distintas versiones hablan de una fuerte poda.

En la Cancillería, por ejemplo, los despidos podrían alcanzar a entre 300 y 400 contratados con sueldos bajos, sin avanzar por ahora en los casos de diplomáticos en edad de jubilarse que siguen activos ni achicar los gastos en dólares de las embajadas en el exterior.

En otras dependencias, en tanto, arriesgan una “reducción de la planta en un 30 por ciento”. Aunque desde ATE consideran “imposible” que la cantidad de cesanteados pueda al 30 por ciento de toda la administración nacional, que serían unos 100 mil empleados. También descartan que, como afirma el Presidente, los echados en el Estado lleguen a los 50.000: “No hay 50 mil ni por remota casualidad”, aclaró Daniel Catalano, de ATE, gremio que, ante la inminencia de otro achique en la planta estatal, ayer repartió volantes en Casa Rosada para reclamar “ni un despido más”, además de pedir por la reincorporación de los despedidos y la devolución de horas extras en el recibo de sueldo.